
En los últimos 30 días se secuestraron 50 kilos de cocaína, más de 500 kilos de marihuana y 5 mil dosis de paco en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores; 407 kilos de marihuana en Itatí, Corrientes; más de 1.200 kilos de marihuana en Oberá en Misiones; y 1.800 kilos de cocaína en Santiago del Estero, lo que constituyó la mayor incautación en la historia de esa provincia. Pese a que los operativos se multiplican, los narcotraficantes se las ingenian para seguir ingresando la droga a la Argentina. En diálogo con Infobae, el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán Gustavo Gómez relató cómo operan los narcovuelos y las dificultades que se presentan para controlar y evitar que las aeronaves ingresen al territorio argentino. Además, reveló que sicarios tucumanos contratados por distintas bandas narco están operando en la ciudad de Orán. También contó cómo trabajan las "narcoabuelas" de los barrios más pobres de Tucumán.

"Cuando hablamos de avionetas y narcotráfico en el norte de la República Argentina, estamos hablando de una actividad que tiene muchos años de historia, especialmente con el tráfico de cocaína", comenzó diciendo el fiscal. Según contó Gómez a Infobae, las aeronaves salen con el tanque lleno y con 300 kilos de droga, que es el máximo peso que pueden cargar. "Arrojan la cocaína en zonas rurales de Santiago del Estero o en el este de Tucumán, en lo que llaman vuelos 'mariposa' o 'bombardeo': allí hay personas esperando el cargamento, y vuelven con el mismo combustible a Bolivia. Ahora se usan con menos frecuencia las pistas clandestinas. Los narcos se han dado cuenta que es más redituable y mucho menos peligroso para ellos venir, arrojar la droga e irse sin aterrizar", explicó.
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Una vez que la droga es arrojada, la etapa que sigue es el "enfriamiento". Los narcos la retienen un tiempo, después la trasladan a otro lugar, y en distintos pases sin despertar sospechas de los lugareños se acercan a los centros urbanos donde están los laboratorios. Estos últimos son de purificación y de distribución o corte.
Gómez recordó que hace más de cuatro años -en marzo de 2013- había alertado al entonces ministro de Defensa del gobierno kirchnerista Arturo Puricelli sobre las dificultades que existían para poder controlar el espacio aéreo a fin de evitar el ingreso de los "narcovuelos". Sin embargo, no recibió respuesta.
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El fiscal ante la Cámara de Tucumán precisó que en esa provincia donde parte de la sociedad vive en extrema pobreza es mucho el consumo de paco. Y agregó que los barrios más humildes son escenario de enfrentamiento entre bandas de vendedores de droga. "Cuando dos bandas pelean por un territorio determinado lo que está marcando es que hay una gran cantidad de droga que está entrando", dijo. El motivo de estas disputas es que cada grupo de dealers tiene que vender una determinada cantidad de droga para poder mantenerse en el negocio, caso contrario el narcotraficante no le entrega más mercadería y busca otro distribuidor.
Estos enfrentamientos han provocado un aumento de homicidios. "Hace unos días tuvimos un caso en el que aparecieron dos personas en una moto, baja una y le pega unos tiros en la cabeza a otra que estaba caminando", relató el fiscal e indicó que en este momento se está llevando adelante una investigación sobre sicarios tucumanos que están trabajando en la ciudad salteña de Orán y cuánto cobran por cada muerte que se produce. "Tenemos sicarios tucumanos que alquilan sus pistolas para estos casos", afirmó.
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Otro de los problemas que se ha detectado es el caso de las "narcoabuelas". Son varios los casos descubiertos de abuelas que venden drogas. Son mujeres que tienen una gran cantidad de nietos a cargo porque los padres los abandonaron o están presos, y no tienen manera de mantenerlos. "Estas abuelas utilizan a sus nietos para el delivery de la droga", contó Gómez. "Esto nos provoca un grave conflicto porque esa misma abuela que después pide la prisión domiciliaria para poder atender a sus nietos, otorgado el beneficio, reincide en la venta de estupefacientes".
Por último, el fiscal general Antonio Gómez insistió en que "no podemos tener un diagnóstico correcto en materia de narcotráfico si no tenemos en cuenta todas las variables que incluyan esta problemática. Sean sanitarias, sea en materia procesal penal de administración de justicia, o sea incluso estadísticas policiales."
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