
Daiana Garnica (17) salió de su casa en la localidad tucumana de Alderetes el pasado 6 de mayo, luego de recibir un mensaje de texto de su vecino, Darío Suárez (40). A casi tres meses de su desaparición y tras denunciar una serie de irregularidades, la abogada del principal acusado y de varios de sus familiares, anunció que pedirá la nulidad de la investigación y la libertad de sus defendidos.
Hace 85 días Suárez le envió un mensaje de WhatsApp a Daiana pidiéndole que lo acompañara a comprar un regalo para su mujer. Le aclaró que no dijera nada, que era una sorpresa. Ella salió con él. Unas horas más tarde el vecino regresó a su casa, pero ella no volvió nunca.
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Otro dato estremece de ese día: el horno de la cortada de ladrillos en la que trabajaba Suárez volvió a encenderse luego de meses inactivo. Una de las hipótesis de los investigadores es que pudieron incinerar el cuerpo de la adolescente en el lugar.
Ahora Julieta Jorrat, defensora de Suárez y su familia, adelantó al diario tucumano La Gaceta: "Son muy graves las irregularidades que se detectaron y voy a pedir la nulidad de todo lo actuado". En caso de prosperar el planteo sus defendidos podrán quedar en libertad.
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En total, fueron procesadas 13 personas y a 12 de ellas les dictaron prisión preventiva. El viernes pasado salieron a la luz detalles desconocidos hasta el momento, entre ellos se comprobó que el fiscal, Claudio Bonari, había realizado los primeros allanamientos sin autorización de un juez. El representante del Ministerio Público reconoció que lo hizo porque no había magistrado que autorizara la medida que quería realizar al día siguiente de la desaparición de Daiana.
Paralelamente se presentó en la Corte Suprema de Justicia para informar que había denunciado en sede penal a dos jueces subrogantes del Juzgado de Instrucción N°5, Víctor Manuel Rougés y Marcelo Mendilaharzu, y al secretario de esa oficina, Carlos López.
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Según el fiscal, corresponde investigar si Rougés y López cometieron algún delito por no haber estado en su despacho el domingo 7 de mayo para autorizar los allanamientos que él había solicitado el recibir la denuncia de la desaparición de la adolescente.
"Todo esto demuestra que el sistema sigue fallando. No hay seguridad y no hay justicia. Todo este escándalo es el resultado de una mala investigación y entorpecimiento por ignorancia de derecho", destacó Jorrat por su parte.
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La defensora, que representa a por lo menos 10 imputados, dijo que por esta situación la causa debería volver a fojas cero: "No sólo se cometió un error garrafal al realizar un allanamiento sin la autorización de un juez, sino que además hubo entorpecimiento, destrucción, pérdida y contaminación de pruebas por parte de las personas que realizaron los allanamientos", explicó en diálogo con el medio tucumano.
Si bien todavía no lo hicieron público los abogados de los otros imputados, tras conocerse las novedades respecto al accionar de Bonari, se espera que hagan un pedido en línea con el de Jorrat.
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Por asu parte Álvaro Zelarayán, representante legal de la madre de Daiana, se mostró muy preocupado en relación al nuevo escenario: "Si se declaran nulos los primeros allanamientos, la investigación recibirá un golpe muy duro. Será muy difícil probar la teoría que planteó el fiscal, ya que hay actos que son únicos e irreproducibles", detalló.
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