
Decir que Raúl Reynoso debía ser la primera línea de defensa judicial de la Argentina no es una exageración. Como único juez federal de Orán, Salta, Reynoso tenía una responsabilidad al menos compleja: castigar el narcotráfico en plena frontera con Bolivia, la zona con el kilo de cocaína más barato del planeta. Al fin y al cabo, a Reynoso esa responsabilidad no le sirvió de nada.
El año pasado, el magistrado, que hasta había sido elogiado por Cristina Kirchner por su presunta sacrificada labor a pesar de tener unos pocos empleados fue separado de su cargo y encerrado en una celda en un penal de Güemes tras una larga causa motorizada por los fiscales Eduardo Villalba y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad del MPF, acusado de asociación ilícita y prevaricato por beneficiar a narcotraficantes a cambios de dádivas como camionetas y terrenos en más de doce causas que tramitaron en su juzgado. Sobreseimientos y exenciones de prisión habrían sido la moneda de intercambio. Eventualmente, las palabras le jugaron en contra a la ex mandataria: varios de los empleados de Reynoso cayeron presos como sus presuntos cómplices.
Entre los supuestos beneficiarios de la firma de Reynoso hubo nombres de peso como el empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, dueño de una de las mayores flotas de camiones de su país y detenido este año por traficar más de cien kilos de cocaína a la Argentina en sus vehículos. Sin embargo, hubo un jugador que, por falta de pruebas, no fue parte de la causa instruida por Villalba e Iglesias. Ese capo, por así decirlo, también recibió algo de clemencia a lo largo de los años.
El fin de semana pasado, Reynaldo Delfín Castedo Aguilera, quizás el mayor capo narco en la historia de Salta, fue detenido en la zona de Parque Leloir luego de seis meses de pinchaduras telefónicas a su familia a cargo de la PROCUNAR con el fiscal Iglesias y su equipo. Castedo había pasado diez años prófugo; se lo buscaba, principalmente, por el brutal asesinato a puñaladas de una productora de huevos que se atrevió a denunciar sus negocios y sus connivencias políticas. En 2008, Castedo compareció ante el juez Reynoso. La acusación: integrar una asociación ilícita para traficar droga junto a su hermano Raúl, "El Ula". En el expediente, también fue implicado el ex diputado provincial Ernesto Aparicio, al que Reynoso, irónicamente, le pidió la detención.
La metodología era sencilla: droga boliviana hacia Buenos Aires oculta en tablones de madera. El 29 de mayo de ese año, Delfín Castedo solicitaba ante Reynoso su exención de prisión: el Ministerio Público Fiscal tardó apenas un día en oponerse.
El 6 de junio siguiente, afirman fuentes judiciales a Infobae, Reynoso aplicó uno de sus métodos clásicos: bajó la calificación de Castedo y calificó su conducta "como asociación ilícita en calidad de miembro, encubrimiento y lavado en concurso real", para soltarlo con una caución. Tres meses después, la Cámara Federal salteña tomó nota de la apelación del MPF pero ya era demasiado tarde. Castedo ya estaba libre. En su decisión, Reynoso consideró que no había riesgo de fuga.
La investigación de la PROCUNAR contra Castedo continúa. El sábado último, se allanaron dos fincas en el paraje Madrejones, el límite entre Salvador Mazza y Araguay, sobre la frontera salteña con Bolivia: El Pajeal, la histórica propiedad del clan Castedo y la vecina El Aybal. Los fiscales Iglesias y Villalba Según fuentes en el MPF, se secuestró documentación que probaba que Castedo las manejaba aún estando prófugo. También se encontraron una escopeta calibre .16, un uniforme de color verde similar a los que usa Gendarmería, un revolver calibre .38 y, llamativamente, 22 bolsas de arpillera con la inscripción de una marca azucarera boliviana.

Por lo pronto, la Justicia salteña ya pidió el traslado de Castedo al mismo penal donde está detenido Reynoso. Viajará en las próximas 48 horas, con fuertes medidas de seguridad. De vuelta en las oficinas de la PROCUNAR, una histórica sospecha crece: el proveedor de la tonelada de cocaína exportada a Portugal en el caso "Carbón Blanco", que llevó a la cárcel al abogado Carlos Salvatore, no habría sido otro que Castedo mismo. En la capital de Salta, el fiscal José Luis Bruno, que investigó al camionero Sejas Rosales, envió un oficio al magistrado que subroga el despacho de Reynoso en Orán para determinar una posible vinculación de forma definitiva.
Hay con qué empezar. En la causa "Carbón Blanco", indica Bruno en su oficio, se extrajo "una nota realizada por Salvatore" de una operación realizada en 2009 y que tiene "como principal proveedor a Delfín Castedo". Otro testimonio apunta a "el Negro Delfín" como supuesto encargado de poner la cocaína en las bolsas de carbón que terminaban en Europa. En el escrito, se afirma, Castedo cuenta con un aceitado sistema que le permite ingresar inclusive pasta base, con frentes operativos en Buenos Aires y un poder de negociación en Europa que le permite multiplicar el precio de los kilos de cocaína boliviana.
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