La jueza de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco advirtió que en la Argentina "hay indudablemente una emergencia" por la violencia de género al tiempo que cuestionó la falta de políticas preventivas del Gobierno, el "machismo" en el Poder Judicial y la "liberación temprana" de muchos acusados por violencia doméstica.
"Hay una emergencia, indudablemente, las cifras nuestras son más altas que las que hubieron en Ciudad Juárez en el peor momento", apuntó Highton de Nolasco, en referencia a la década del 90, cuando las estadísticas oficiales anotaron algo más de 600 asesinatos de mujeres en esa ciudad mexicana.
Desde 2014, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema realiza un relevamiento anual de los femicidios cometidos en el país, que arrojó como resultado 714 víctimas. "Cada vez hay más femicidios: de nuestro primer registro al segundo (2014-2015) hubo 10 casos más, y desde el segundo al tercero (2015-2016), 19", remarcó la jueza, en base a un informe de la Corte Suprema que dio a conocer en mayo pasado.
Además, reclamó más "políticas preventivas" por parte del Ejecutivo para las mujeres que son víctimas de violencia, como por ejemplo "más refugios, más políticas educativas y más centros de asistencia", similares a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que funciona las 24 horas bajo coordinación de la Corte Suprema.
"Las mujeres que se acercan a la OVD tienen muchas posibilidades de salvarse de un femicidio", advirtió la vicepresidenta de la Corte.
Sin embargo, admitió que hubo "avances" en el país, en referencia a una "mayor concientización" social y que los "femicidios sean computados como femicidios" en la Justicia.
En tanto, elogió el Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres lanzado por el Gobierno que contempla "dispositivos de acompañamiento a las agredidas y el uso de tobilleras con geolocalización para los agresores".
Por otra parte, cuestionó la "liberación temprana" de los acusados en este tipo de delitos y marcó su desacuerdo con la suspensión del juicio a prueba o "probation" para los condenados por violencia de género.
"Hay mucha probation y esto es muy peligroso porque los mandan (a los agresores) a hacer trabajos sociales, sin control y con posibilidades de acceder a la mujer", argumentó la jueza y agregó que descree en la posibilidad de que los violentos puedan "recuperarse", más allá de "algunas excepciones".
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