La Ciudad de Buenos Aires concentra casi el 50% de los juicios por accidentes laborales

Desde su llegada al poder, la administración de Cambiemos busca bajar los costos laborales y mejorar la competitividad de las empresas, fundamentalmente de las pymes, que suelen ser grandes generadores de empleo –más del 70% de los puestos de trabajo en el país– y pieza clave en la actividad económica.

En un nuevo capítulo de esa cruzada, el presidente Mauricio Macri apuntó contra la "mafia" de los juicios laborales y señaló al abogado laboralista -y kirchnerista- Héctor Recalde. Más allá de las cuestiones políticas, el aumento sostenido de la litigiosidad tiene varias aristas.

Hay algunos números que permiten tener un acercamiento a la "industria del juicio" de la que habló Macri. Hoy el Sistema de Riesgos del Trabajo cubre a 9,7 millones de trabajadores y a 1,6 millón de empleadores afiliados, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART).

Desde la llegada de las ART los accidentes bajaron 35% y los fallecimientos en el lugar de trabajo se redujeron en 70 por ciento. Esta baja se traduce en casi 10.000 vidas salvadas. Sin embargo, desde la UART alertaron sobre el aumento de la litigiosidad.

A pesar de la baja de siniestros, de las mejoras prestacionales, de la incorporación de más y mejores servicios, los litigios no dejan de crecer desde el año 2004. Según datos de la UART, en 2015 se iniciaron 106 mil demandas –juicios– y en 2016 fueron otras 127 mil, un 20% más que el año anterior.

Por eso, mientras los accidentes bajan y los beneficios aumentan los juicios no paran de crecer. "El nivel de beneficios del sistema de riesgos del trabajo no se merece esta cantidad de judicialidad", señalaron desde la UART.

Según los últimos relevamientos, la Ciudad de Buenos Aires concentra el 48% del total de demandas notificadas a las ART en todo el país. En lo que va de 2017 –hasta mayo– se notificaron 26.347 juicios en Capital (31% más que el mismo período del año anterior). "Es un valor elevado y con una tasa de crecimiento por encima de la media nacional", señalaron desde la entidad, desde donde anticiparon también una desaceleración en la tasa de crecimiento entre marzo y mayo de este año.

Para acotar la andanada judicial y dar certidumbre al funcionamiento del sistema, por iniciativa del Gobierno se sancionó la Ley 27.348 que entró en vigencia el 5 de marzo pasado. La misma incorpora la necesidad de pasar por una Comisión Médica con patrocinio letrado gratuito –instancia administrativa previa– antes de acceder a la Justicia.

Asimismo, desacopla los honorarios periciales del producido de la sentencia. Prevé la utilización del Baremo o Tabla de Evaluación de Incapacidades como elemento objetivo para cuantificar el daño, a la vez que aumentó considerablemente las prestaciones dinerarias.

Según destacaron desde UART, el objetivo de la reforma es buscar "que la vía administrativa y la vía judicial tomen los mismos parámetros a fin de evaluar un daño. La unificación de criterios es clave a los efectos de bajar la conflictividad o litigiosidad", enfatizaron.

En la Ciudad de Buenos Aires –única jurisdicción en que hay aplicación plena– las ART son notificadas de las demandas entre 2, 3 y hasta 4 meses después de que ingresan. "Esto implica que los juicios que ahora se están notificando, incluyen todavía demandas ingresadas a la justicia antes de la vigencia de la ley. Por ende, si bien se dispone de las notificaciones, no son suficientes todavía para sacar conclusiones sobre el impacto de la reforma", advirtieron desde la entidad.

Según la UART, "es necesario que cada una de las provincias adhiera a la Ley Nacional. En la Capital Federal por no tener justicia laboral propia aún, las modificaciones tienen absoluta vigencia. Córdoba ya adhirió, Buenos Aires tiene media sanción y Mendoza está avanzando", explicaron.

Desde la entidad reclamaron el compromiso del Poder Judicial. "Es imprescindible que la Justicia en sus diferentes instancias valide mediante sus fallos las previsiones de la Ley que tienden a abordar la causa de fondo: que es la disparidad de criterios jurisprudenciales que retroalimenta la conflictividad y regulación del quehacer pericial", concluyeron.