Entre 2015 y 2016, hubo una amenaza de bomba por día en las escuelas porteñas

La moda de las amenazas de bomba en los colegios para "salvarse" de los exámenes empieza a verse en las cifras. Según un relevamiento judicial elaborado por fiscales que intervienen en estas denuncias, hubo una amenaza de bomba por día en promedio en los colegios porteños. La Justicia busca ahora avanzar en medidas para ponerle coto a este fenómeno que trastorna la vida académica y supone, tras la alerta, un enorme despliegue de recursos de las fuerzas de seguridad.

Uno de los blancos de estas travesuras fue la secundaria Joaquín V. González, que padeció una multiplicidad de amenazas de bomba en los últimos años. El juez federal Claudio Bonadio citará a declarar a seis estudiantes de la escuela Joaquín V. González más un adulto, a raíz episodios ocurridos en 2015. En su instrucción, el magistrado solicitó saber cuánto le costó al Estado cada uno de los operativos realizados en los protocolos por amenaza de bomba.

De comprobarse la autoría y dictarse el procesamiento, esos jóvenes, que hoy tienen entre 17 y 19 años (o sus padres), podrán sufrir embargos por daños y perjuicios. También podría alcanzarles medidas de reparación comunitaria, según informó hoy el diario Clarín.

Bonadio identificó a los jóvenes a partir de un informe de las compañías telefónicas. Los chicos no tomaron ningún tipo de recaudo. De manera insólita, las llamadas al colegio fueron realizadas con teléfonos a nombre del padre u otra persona relacionada con esos jóvenes.

El juez sospecha que los imputados fueron alumnos del Joaquín V. González y que, en el momento de la travesura, contaban con 15 y 17 años. Bonadio requirió al Ministerio de Educación porteño que "aporte, de modo urgente, los datos filiatorios de ellos, incluyendo, padres, curso/año, domicilio y teléfono de contacto". Además, pidió información sobre un adulto que, de acuerdo al escrito, "podría ser padre o empleado del establecimiento mencionado".

En otro expediente abierto, el juez Bonadio pidió información sobre "el perjuicio económico" generado en la escuela técnica N°3 "María Sánchez de Thompson", a raíz de un "llamado intimidatorio" sufrido por una amenaza de bomba ocurrida en junio del año pasado.

Según el reporte de las fiscalías, la mayoría de las amenazas en las escuelas porteñas fueron plantadas por alumnos con el objetivo de "zafar" de exámenes. Todas fueron falsas.

Aún así, la travesura implica en todos los casos un despliegue y costo significativo de recursos del Estado, que debe actuar según los protocolos vigentes. Ante cada amenaza de bomba, la policía debe intervenir con inspecciones y medidas preventivas, como el desalojo del establecimiento y concurrir a un espacio común a 150 metros de distancia. De estos operativos participan efectivos de la División Perros, Bomberos y personal de Defensa Civil.

Las personas sospechadas de plantar amenazas de bomba falsas quedan imputadas por el delito de "intimidación pública".

Este año hubo una caída de casos resonantes de denuncias. Algunos de los casos que trascendieron el año pasado fue el del Normal 5 de Barracas, que tuvo múltiples amenazas de bomba que se extendieron por más de un mes y medio. También estuvieron muy afectados los barrios de San Telmo y La Boca.

Algunas escuelas piensan en alternativas para desalentar este tipo de comportamientos. En el Colegio Normal de Mendoza establecieron un protocolo propio luego de 12 amenazas falsas en menos de tres meses, y dispusieron que los alumnos recuperen las clases los días sábados. En ese día, se tomarán además las evaluaciones frustradas este año. El establecimiento llegó a tener en mayo dos llamados por tarde, y prácticamente no hubo clases durante una semana.

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