Hope Funds: Servini prohibió salir del país al "Bernie Madoff argentino" e inhibió todos sus bienes

La Justicia penal federal finalmente le entregó un duro revés al hombre acusado de ser el mayor estafador de la historia argentina. Este lunes a la mañana, la jueza María Romilda Servini ordenó prohibir la salida del país de Enrique Blaksley, presidente y socio mayoritario en un 97% de la firma financiera Hope Funds, así como la inhibición de todos sus bienes.

La medida también se extiende a Federico Armando Dolinkué, socio en un 3% de Hope Funds, a Hope Funds misma como sociedad anónima y a BV Bitesse, Hope Entertainment y Sports Experience, empresas que son parte del amplio entramado de firmas y sociedades alrededor de la financiera. La meta de la decisión: "Adoptar las medidas cautelares necesarias para asegurar la custodia de los bienes provenientes de delitos a los fines de no frustrar el posterior decomiso", afirmó la magistrada en el escrito al que accedió Infobae.

La decisión de Servini en esta causa ocurre a más de seis meses de la denuncia inicial realizada por los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, hoy tenidos como querellantes, a los cuales se sumaron los también querellantes Víctor Varone y Hernán Vega: ambos equipos representan a casi 400 ex clientes de Blaksley. Solo los más de 60 representados por Varone y Vega calculan un daño colectivo de tres millones de dólares sin contar intereses. Y la acusación es una sola: estafa.

Los ex clientes aseguran que, seducidos por el brillo público de Hope Funds, que trajo al país a figuras como Roger Federer y Usain Bolt, invirtieron en el negocio central de la firma, contratos de mutuo con tasas de retorno de hasta el 12% y punitorios jugosos. Muchos no solo aseguran no haber ganado intereses, sino que también afirman no haber visto siquiera un solo peso de vuelta.

"Lo de hoy es un primer paso, es algo muy importante", dice una voz clave alrededor del expediente, "pero todavía falta".

Es decir, Servini les cierra el camino a los dos principales nombres de Hope Funds y a cuatro firmas: los nombres y empresas de la imputación original ascienden a casi 40, con jugadores como Verónica Vega, cuñada de Blaksley, y compañías como la offshore Marketsite, también involucrada en la toma de mutuos, criterio que aplicó Servini para inhibir a las cuatro firmas.

La jueza, por otra parte, tampoco resolvió un pedido de detención contra Blaksley presentado por el abogado Vega la semana pasada. Los domicilios del empresario y de todos sus colaboradores imputados, así como las oficinas de la empresa, siguen sin ser allanadas.

Servini, por otra parte, puso en la balanza de su decisión otra medida reciente tomada en Tribunales, un revés que Blaksley sufrió en el fuero comercial: el rechazo del acuerdo preventivo extrajudicial –su sigla es APE– con una sospechosa lista de deudores y un presunto pasivo de 449 millones de pesos que el empresario presentó ante el juez Sebastián Sánchez Cannavó luego de al menos 27 pedidos de quiebra en su contra.

Los cálculos de la defensa de Blaksley eran simples de cara a la ley: si el juez aprobaba su presentación, entonces tendrían un poderoso argumento para desatomizar sus problemas en la Justicia penal federal. Pero Sánchez Cannavó no solo rechazó el acuerdo de cara a una serie de notables inconsistencias y las presentaciones de más de mil acreedores que colapsaron los sistemas informáticos judiciales; también envió una nueva denuncia por posibles nuevos delitos a la Cámara del Crimen porteña para que sea sorteada a un juzgado, en paralelo a lo que ocurre en el despacho de Servini.