
La misión del Vaticano para investigar a los dos curas acusados de abusar sexualmente a chicos sordomudos e hipoacúsicos en el instituto religioso Antonio Próvolo se negó a dar detalles sobre la investigación propia que está realizando la Iglesia Católica.
El pasado viernes, un día antes de irse de Mendoza por segunda vez en su segunda visita por la investigación interna de la Iglesia para saber si dos sacerdotes del instituto Próvolo son culpables de las decenas de abusos de los que se los acusa, el vicario judicial enviado por el Vaticano citó a la prensa a un hotel céntrico para hablar de su trabajo.
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Allí insistió en la independencia de la Iglesia, no sólo para realizar la investigación interna, sino también para no revelar los detalles que pudieran surgir de allí, algo que está previsto en el Concordato de 1966 firmado con el Estado argentino, cuando el presidente era el general Juan Carlos Onganía, quien llegó al poder por un golpe de Estado.
"Hay que recordar que está vigente el concordato entre la Santa Sede y el Estado argentino, que le reconoce a la Iglesia la independencia para llevar adelante todo aquello que haga a su propio funcionamiento. Eso supone que tiene facultad, como tiene el Estado, de investigar para su propio fin", apuntó Dante Simón, respondiendo así al pedido de "colaboración" que le había enviado la Fiscalía de Luján-Maipú para que aportaran la información que pudiera resultar de su investigación interna.
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Además, el enviado del Vaticano resaltó que la Iglesia no tiene la estructura del Estado para investigar: "Si el fiscal cita a un testigo y ese testigo se resiste a concurrir, se lo busca con la fuerza pública. La Iglesia no puede hacerlo. Por esto, si es por pedir información, sería más lógico que la Iglesia se la pida al Estado, que al revés", remarcó, insistiendo también en su primera intención de tener acceso a la causa penal.

Cuando se lo consultó sobre si ellos sabían de las acusaciones que pesan sobre el sacerdote del Próvolo, Nicola Corradi, a quien también se lo apunta como autor de abusos en Verona y en La Plata, Simón respondió que él y el notario Juan Martínez tienen "el mandato" de investigar lo que pudo haber ocurrido en el Próvolo de Luján, según publica el diario local UNO.
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"Si hay situaciones en La Plata o Verona le corresponderá a la Iglesia determinar quién lo haga", agregó. A diferencia de lo que sucedió en su primera visita a la provincia, cuando sólo se entrevistaron con los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, acusados de los abusos, esta vez la dupla enviada por la Santa Sede asumió que logró hablar con un allegado a una de las víctimas.
"Hemos tenido contacto con una presunta víctima. No queremos dar mayores detalles por prudencia", dijo escuetamente Simón. Aunque atentos a que ellos no vinieron con ningún intérprete de lenguaje de señas como para hablar con algún ex alumno hipoacúsico, se entiende que pudieron hablar con un familiar de alguna víctima sin dificultades para comunicarse.
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Por otro lado, el vicario judicial adelantó que la investigación que lidera no tiene que cumplir con ningún plazo institucional: "Vamos a venir a Mendoza la cantidad de veces que sea necesario. Somos una suerte de fiscal y tenemos que recoger la información y trasladarla a la Santa Sede que es el órgano competente y va a decidir qué pasos dar. Y si se determina que haya juicio canónico nosotros no podemos intervenir porque somos fiscales", explicó.
"En lo que hemos visto no constan en la Iglesia estas denuncias, ni ninguna anterior; si no, la Iglesia hubiera actuado de oficio y no lo hizo, porque no se tenía conocimiento de denuncias", aseguró. Simón y el vocero del arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedictis, insistieron en que la comitiva enviada por la Santa Sede busca ir "a fondo. Estamos acá, aún sin haber denuncias en la Iglesia, porque queremos conocer la verdad de lo que sucedió y nos interesa defender a los más vulnerables: los niños".
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