
Por medio del decreto 225/2017 que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el gobierno nacional autorizó la venta de 39 inmuebles estatales en el marco de la política de gestión de activos públicos que lleva adelante la Administración de Bienes del Estado (AABE).
Tras un proceso de análisis de variables económicas, ambientales y sociales, se puso a disposición esa totalidad de inmuebles.
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Del total, 26 se encuentran ubicados en la ciudad de Buenos Aires, 4 en Gran Buenos Aires, 4 en Córdoba, 3 en Mendoza y 2 en Salta.
A su vez, la iniciativa va en línea con uno de los principales ejes de gestión de la AABE, que consiste en garantizar una utilización eficiente, transparente y sustentable del patrimonio público y apunta a reducir costos de mantenimiento y preservar el valor de los bienes del Estado.

"La iniciativa que se impulsa no sólo constituirá una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que, además, generará un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas", dijo el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramon Lanús.
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Tal es así que desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se establecen plazos de obra, siendo 3 años los requeridos para comenzar a construir y 6 para finalizar el proyecto, evitando de esta manera la especulación inmobiliaria.

"El impacto resulta positivo para la reactivación de las economías, generando fuentes de empleo e impulsando una de las industrias claves de nuestro país, como lo es la construcción", agregó el Presidente de la AABE, Ramón Lanús.
Los inmuebles se van a subastar a través del Banco Ciudad en un proceso público, abierto y para el cual habrá una convocatoria acorde con lo que establece la ley.
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Acerca de AABE
AABE lleva adelante una tarea de registro de los inmuebles públicos para determinar la totalidad de activos de los que dispone el Estado. Al momento, ya se han relevado una totalidad de 46.000 inmuebles, lo que representa un incremento en los registros oficiales. El organismo ha iniciado una búsqueda de inmuebles en todo el país, entre los que existen terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios en los que la administración nacional no brinda servicio alguno.
El organismo trabaja con un nuevo sistema de gestión de inmuebles, llamado SIENA, que busca determinar el inventario total de inmuebles y verificar si cumplen actividades al servicio del Estado o si su uso actual ayuda al desarrollo de las comunidades locales.
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