El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso extremar los controles sanitarios y relevar la trazabilidad de los alimentos cárnicos procedentes de Brasil, sin disponer cierre del mercado tras el escándalo que enfrentan varios frigoríficos del país vecino por la venta de carne adulterada o en mal estado.
El director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA, Jorge Dal Bianco, informó hoy que la autoridad fitosanitaria dispuso "un grado de mayor presión" sobre los alimentos provenientes de Brasil, sin restringir su ingreso al país.
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Dal Bianco explicó en radio Colonia que "toda la mercadería que ingresa a Argentina es intervenida en función de un análisis y la toma de muestras que son procesadas en laboratorio en busca de sustancias químicas o microbiológicas, con rigor científico, para con más exigencia ponerla en un sistema de vigilancia".
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En cuanto a las consecuencias del escándalo sanitario en Brasil, consultores ganaderos consideraron que podría haber un efecto negativo también en el mercado local.
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Según Miguel Gorelik, "nunca hay beneficio con estos escándalos, ya que tiñe de sospecha a todo el orden de la carne, debido a que el consumidor no discrimina. Puede haber una pequeña ventaja comercial, pero en lo general, Argentina también sale perjudicada".
En el mismo sentido, Víctor Tonelli analizó que "la primera sensación es que no es una buena noticia, ya que asusta a los consumidores, y como en otras ocasiones, no resulta bueno para la actividad cárnica en general".
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Pos su parte, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, había difundido un comunicado en conjunto con Senasa en el que señalaron: "El Gobierno mantiene contacto permanente con las autoridades políticas y con el servicio sanitario de Brasil para proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos argentinos a la espera de que las instituciones brasileñas resuelvan en tiempo y forma la situación suscitada".
Las investigaciones que realizó la Policía Federal brasileña por denuncias de carne comercializada en mal estado dispararon la fiscalización de unas 5.000 plantas, que dejó un saldo de tres frigoríficos clausurados y otros veinte también con observaciones, además de unos 30 inspectores detenidos por permitir la adulteración de alimentos.
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Con información de DyN
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