La inseguridad nuevamente está en el foco de la tormenta. Son procesos cíclicos que se repiten. Pero el Gobierno sabe que es una materia pendiente. Hasta lo reconoció el presidente Mauricio Macri en su última entrevista radial. La transparencia en las fuerzas de seguridad parece ser una de las herramientas para intentar cambiar el estado de situación actual.
En mayo, el Gobierno obligó a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad federales, sin distinción, a presentar sus declaraciones juradas. El proceso acabo de terminar: más de 95 mil agentes de la Policía Federal (no traspasada), Gendarmería, Prefectura y PSA declararon sus bienes por primera vez. La documentación ahora es analizada por el Ministerio de Seguridad. Se buscan casos de enriquecimiento o corrupción dentro de las fuerzas.
El proceso arrancó en mayo con la resolución 190/2016, firmada por la ministra Patricia Bullrich. Pero recién se hizo operativo a partir de septiembre.
Las declaraciones juradas de los efectivos de las fuerzas de seguridad son similares a las que completan todos los años los funcionarios nacionales. Contienen sus datos personales, bienes inmuebles, automotores, cuentas bancarias, dinero en efectivo, ingresos y también los “ingresos extrapoliciales” que apunta a cualquier otra actividad fuera de su trabajo.
Todo el proceso fue digital. Cada efectivo tuvo que llenar un formulario en el sitio web del Ministerio de Seguridad y validarlo con las áreas de recursos humanos de las fuerzas. En ese proceso nadie podía visualizar el contenido de la declaración.
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En total hubo tres instancias para presentar la declaración jurada de bienes. La primera fecha venció el 31 de noviembre y luego hubo dos intimaciones durante diciembre. Finalmente cumplieron con la obligación 95.125 efectivos de los 95.279 obligados (37.705 de Gendarmería, 30.235 de PFA, 22.395 de Prefectura y 4790 de PSA). Es un 99,84% de efectividad.
Pero hay 154 casos que quedaron en la mira porque hasta ahora se negaron, pudo saber Infobae. A todos ya se les inició un sumario que puede terminar en una sanción, el apartamiento de las fuerzas o en denuncias penales. En ese grupo hay 73 miembros de Gendarmería, 35 de la PFA y 46 de PSA.
Un número similar se había negado en la Policía Bonaerense, aunque en ese caso sólo están obligados unos 6.341 efectivos, desde subcomisarios hasta comisarios generales.
En términos porcentuales, el caso de la PSA se destaca de manera negativa porque tiene pocos efectivos. El otro dato llamativo que arrojan los números es que todos los efectivos de la Prefectura (22.395) cumplieron con su nueva obligación.
Ahora comienza la etapa más importante porque hay que analizar todas las declaraciones. La tarea está a cargo de la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad. “Trabajamos con estadísticas o métricas para detectar un incremento patrimonial que no sea razonable”, explicó a Infobae el titular del área, Damián Arabia. Y destacó que las declaraciones serán “una herramienta de control esencial sobre la transparencia de todos los agentes”.
La reglamentación prevé una actualización ante cada ascenso o dentro de los cinco años.
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