El fiscal a cargo de la causa por los abusos contra niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Mendoza, Fabricio Sidoti, afirmó que los testimonios de las víctimas revelaron que había un "patrón común" de comportamiento de los acusados, y que elegían a los alumnos más vulnerables. Los cinco detenidos, entre ellos dos sacerdotes, se negaron a declarar.
Sidoti agregó que los acusados Nicolás Corradi, un sacerdote de 82 años, Horacio Corbacho, también párroco, de 55, y los tres empleados del Instituto Antonio Próvolo, José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez, "se abstuvieron de declarar y seguirán detenidos".
Además, adelantó que está "mirando los legajos de los chicos que iban al colegio desde el '98 para ubicarlos y tomarles (declaración) testimonial. Esta escuela se creó en el '98 y si están los mismos sacerdotes, tengo que empezar a partir de ese mismo año". "No sabemos cuántos pueden llegar a ser. Por el momento hay unas veinte presuntas víctimas, pero pueden ser muchas más", dijo en declaraciones al canal TN.
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Los dos sacerdotes y los tres empleados del instituto para niños con problemas auditivos fueron imputados por los delitos de "abuso sexual agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores".
El fiscal Sidoti además precisó que el sacerdote Corradi, con denuncias de abusos perpetrados hace treinta años en una casa de la misma congregación en Italia, continuará detenido. "Lo voy a dejar ahí, sé que el defensor oficial va a pedir la prisión domiciliaria y yo la voy a rechazar porque hay un informe forense que dice que su estado de salud es bueno", afirmó.
Respecto del testimonio de las víctimas, el fiscal dijo que detectó que había un "patrón común" para llevar adelante los abusos en el Instituto Próvolo, donde acudían cerca de 90 alumnos, y argumentó que los victimarios elegían a las víctimas elegían por su grado de vulnerabilidad. El fiscal precisó que en las declaraciones de los abusados y sus familiares hubo "coincidencias" en cuanto a un "sistema interno" con el objetivo de garantizar la impunidad de los abusadores y el silencio de las víctimas.
Sidoti reveló que los encargados del lugar prohibían a los alumnos comunicarse mediante el lenguaje de señas, restringían el acceso de los padres a la institución, y fomentaban que fueran niños cuyos familiares vivían alejados los que se quedaban en el lugar.
Mientras avanza la investigación, el fiscal dijo que el Instituto Próvolo continuará intervenido y no podrá alojar niños.
La subsecretaria de Planeamiento de la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza Emma Cunietti dijo que "el instituto está cerrado", y destacó que "hay padres que quieren seguir enviando sus chicos a esta escuela y hay padres que quieren cambiarlos". "Estamos planteando finalizar el ciclo lectivo y después tomar decisiones que van hacer más complejas", afirmó.
Con información de DyN
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