Un caso de múltiples abusos sexuales a niños discapacitados causó conmoción en toda la provincia de Mendoza durante los últimos días. Tres hombres fueron detenidos y acusados de haber abusado de jóvenes residentes de un internado para chicos con un cuadro de hipoacusia grave.
Se trata de dos sacerdotes y un empleado del Instituto para niños hipoacúsicos Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo. Los acusados fueron señalados como los responsables de haber cometido violaciones y otros tipos de ataques sexuales sobre decenas de menores y durante años.
La denuncia fue presentada por la senadora provincial Daniela García, quien tomó nota del caso a raíz del relato de algunos integrantes de la agrupación Movimiento de Sordos de Mendoza. Por orden del procurador general de la provincia, Alejandro Gullé, algunas de las víctimas prestaron declaración mediante la ayuda de un intérprete de lenguaje de señas y sus testimonios condujeron a las detenciones de los acusados, el viernes por la noche.
Si bien no se pudo determinar la identidad de los detenidos, se trata de un sacerdote de 82 años, que permanecerá las próximas semanas en prisión domiciliaria; de un párroco de 56 años, que quedó detenido en una unidad de la localidad de Carrodilla, y un interno que, según las primeras versiones, habría sido "obligado" por los otros dos acusados a practicar violaciones a las víctimas.
"El caso no es fácil porque, además del miedo que tenían los denunciantes, necesitaban comunicarse a través de un intérprete", afirmó la senadora García al diario digital MDZ Online.
De acuerdo con la investigación, se estima que los abusos se iniciaron en 2007 y entre las víctimas hay mujeres y hombres, muchos de los cuales ya son adultos.
La primera denunciante, que se puso en contacto con Daniela García durante el acto social, reveló no haber sido abusada por los acusados, pero ayudó a la Justicia a encontrar a víctimas de los ataques sexuales que finalmente se animaron a dar su testimonio mediante el lenguaje de señas.
El caso salpicó al propio Arzobispado de Mendoza, ya que el Instituto Próvolo depende de él: "Nos entristecen e indignan dichos sucesos. Manifestamos nuestra solidaridad y cercanía con las víctimas de los hechos objeto de la denuncia. Apenas conocida la noticia de estos sucesos, fueron informadas las legítimas autoridades del Instituto, quienes deberán iniciar el debido proceso canónico establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados", afirmó el arzobispado mendocino mediante un comunicado oficial.
El propio Instituto Antonio Próvolo se mostró cooperativo con los investigadores de la causa desde el primer momento, mientras que los presos no presentaron resistencia de ningún tipo en el momento de su detención.
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