
El desalojo de la fábrica recuperada RB fue noticia por los incidentes que luego se produjeron frente a la Fiscalía de San Isidro, donde la policía reprimió a un grupo de manifestantes que habían ido a reclamar la liberación de los detenidos. Durante toda la jornada se escuchó decir una y otra vez a los supuestos cooperativistas que en 2007 la Legislatura bonaerense aprobó una ley de expropiación a favor de los trabajadores y que en 2012 la prorrogó por otros cinco años. Pero la realidad está en la vereda de enfrente. Y lo que parecería ser un conflicto laboral tiene un trasfondo netamente político.
Luego de la quiebra de la metalúrgica RB, en 2008 la empresa de comunicaciones VEC SRL, con más de 40 años en el rubro, compró el inmueble en el que funcionaba la fábrica para mudar allí sus instalaciones, actualmente ubicadas en Munro. Pero se encontró con un conflicto con 13 ex empleados de RB que habían conformado una cooperativa y pretendían quedarse con la propiedad.
En efecto, RB fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre durante la crisis económica de 2001, cuando convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo. Sin embargo, pese a que la Provincia de Buenos Aires había ordenado la expropiación del inmueble, las partes alcanzaron un acuerdo homologado por la Justicia, en el que VEC se comprometió a darles trabajo a los cooperativistas y estos renunciaron a sus derechos. Es decir que la ley de expropiación que citaron hasta el cansancio no tiene el más mínimo valor legal.
Los cooperativistas no están divididos: la mayoría están a favor de trabajar en VEC, pero dos se resisten. Uno de ellos es el activista Ricardo Perea, presidente la Cooperativa Trabajo Industria RB Limitada, quien acumula tres causas penales por resistencia a la autoridad y usurpación.
Perea responde al verdadero cerebro de las tomas, Eduardo "Vasco" Murúa, uno de los líderes del movimiento que terminó con la posesión de la fabrica IMPA, ícono de las fábricas recuperadas, y ex presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). Su lema es "ocupar, resisitr, producir".
Luego de una larga causa judicial, el Juzgado Comercial N° 9 en primera instancia y luego la Cámara Nacional Comercial de Apelaciones confirmaron que el inmueble ubicado en Panamá 1726, Martínez, San Isidro, pertenece a VEC. Así las cosas, el 16 de julio del año pasado la Justicia ordenó el desalojo del mismo. Pero a los pocos días, Perea y otras personas ajena a la cooperativa volvieron a ocuparlo.
En septiembre del año pasado hubo un nuevo desalojo, pero otra vez Perea y su gente lo usurparon, hasta el 8 de junio, cuando la Justicia volvió a ordenar que sea nuevamente desocupado.
Esta vez VEC logró tener la posesión de la propiedad durante más días. Pero el jueves Perea volvió a la carga junto a un grupo de cien personas, treinta de las cuales lograron traspasar el cerco policial que se había montado e ingresaron a la planta. Las negociaciones fueron infructuosos y todos terminó con un nuevo desalojo, el cuarto, que incluyó varias detenciones.
Los incidentes que terminaron con cuatro heridos por bala de goma se produjeron frente a la Fiscalía de San Isidro, a donde Perea, Murúa y compañía habían ido a reclamar por la liberación de los detenidos. En ese nutrido grupo de manifestantes sólo había dos de los cooperativistas. El resto aceptó trabajar en relación de dependencia.
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