
Junín es otra de las tantas ciudades de toda la Argentina que padece las falsas amenazas de bomba en las escuelas. En los últimos días, representantes de la DDI local realizaron cuatro allanamientos por diversas causas del delito de "intimidación pública" y detuvieron a dos personas vinculadas con el Frente Renovador de la zona.
A raíz de numerosas amenazas de bomba en los colegios de la ciudad, se iniciaron expedientes penales federales de análisis tecnológico e investigación criminal. Así, se lograron identificar los celulares con los que se realizaron numerosas llamadas al servicio del 911 que generaron un caos en el funcionamiento de las entidades educativas.
Por ende, se dispuso la realización de cuatro allanamientos y se logró detener a dos titulares de los cuatro hogares investigados. Según pudo averiguar Infobae, uno de ellos es Claudio Martínez, de 42 años, el presidente del bloque de Concejales de 1País en Junín. La otra detenida es Marcela Giordano, la esposa de Mario Panero, una persona conocida en la zona y muy cercana al ex intendente Mario Meoni.
Al momento de las detenciones en ambos domicilios se secuestraron dos teléfonos. De acuerdo con la investigación, los dos dispositivos celulares eran utilizados por los hijos de los detenidos. En el caso de Martínez, quien usaba el celular era su hijo Renato, mientras que en la casa de Panero, el móvil era utilizado por una hija, llamada Abigail.
En tanto, también se acudió al domicilio de un empleado de una clínica de apellido Gatti, pero no se pudo realizar ni el secuestro del teléfono celular ni la detención de ningún integrante. Lo mismo sucedió en otro hogar en la calle Ituzaingó, pero la identidad de su titular se mantuvo reservada.
Estas actuaciones de la Justicia representaron una segunda ola de allanamientos respecto a las falsas amenazas de bomba en los colegios de Junín. La semana pasada se había realizado otra tanda de procedimientos en los que se detuvieron a seis personas, cinco hombres y una mujer.
Las falsas amenazas de bomba no solo generan un caos en el funcionamiento habitual de las escuelas, sino que provocan una inversión de dinero y de recursos para el accionar policial. El caso implica la activación de tareas de los equipos de explosivos y la consiguiente actuación de un equipo de investigación.
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