La irrupción de la nueva pobreza descubierta por las dirigencias partidarias que en 1983 se hicieron cargo de los gobiernos de las distintas jurisdicciones supuso un desafío desconcertante. Particularmente los municipios, que debieron extender políticas de emergencia asistencial por ensayo y error con recursos fiscales sumamente acotados. Con los años, la estructuralidad del fenómeno tornó esos dispositivos en permanentes.

El asistencialismo y sus estrategias focalizadas fueron atravesando por distintas etapas, pero no fue sino hasta el kirchnerismo tardío de fines de los 2000 que experimentaron una vuelta de tuerca crucial merced a una reforma de pretensiones tan ambiciosas como los objetivos perpetuacionistas de sus gobernantes.

Sus grandes ejes fueron la Asignación Universal por Hijo y el Programa de Cooperativas Argentina Trabaja. La idea de este último consistía en conjugar la asistencia social con microemprendimientos procedentes de la sociedad civil para sacar definitivamente de la pobreza a beneficiarios que, en breve, habrían de dotarse de autonomía para contratar libremente. Durante una breve transición, dependerían de un acotado subsidio estatal personal y de una participación privilegiada en las obras públicas.

La realidad fue bien distinta. Cada fracción política municipal se hizo de un cupo de beneficiarios y se lanzó a incluir allí a sus adeptos. El sistema entonces nacía invertido y con el designio de generar un nuevo aparato político electoral más frondoso que sus predecesores. Su morfología en términos de autoridades y funcionamiento en general fue ignorada por sus miembros, que si bien percibían el beneficio por tarjeta magnética seguían dependiendo clientelarmente de las autoridades a través del supuesto control del presentismo laboral.

Las obras públicas brillaron por su ausencia. Las autoridades de las entidades, pese a contar con personería jurídica, no tuvieron dominio ni de sus libros ni pudieron nombrar sus propios asesores letrados y contables dispuestos por el órgano de ejecución municipal. De esa manera, firmaban obras que jamás se hacían y cuyos fondos se distribuían entre agrupaciones y organizaciones sociales salvo, claro está, la porción que retornaba a su fuente de asignación. Para seguir cobrando el subsidio, los cooperativistas quedaron forzados a cumplir actividades administrativas en los municipios o bien de barrido y limpieza de calles y plazas, o el servicio personal de funcionarios.

Las comunas, de paso, se ahorraban salarios formales obteniendo ingresos que desahogaban sus fiscos. Uno de sus destinos fue absorber los aparatos territoriales constituidos durante los veinte años anteriores nombrando a sus jefes y sus seguidores como empleados de planta y, en algunos casos, funcionarios de segunda y tercera categoría. De esa manera, se desbrozaba el campo de eventuales resistencias neutralizándolos y concentrando la administración de la pobreza en manos de las laxas entidades a cargo de una nueva generación de referentes.

Las cooperativas se armaban y desarmaban; y sus miembros eran reubicados en destinos inestables alejados de su espíritu primigenio. Al no poder capitalizarse, dependieron crónicamente de un subsidio que les exigía muy poco trabajo —varios beneficiarios realizaban en sucesivos turnos la tarea de uno regular— y la necesidad de procurar otras changas para subsistir.

Cundieron la desmoralización, el escepticismo político y el miedo procedente de la amenaza de perder el estipendio. El estigma de "planeros" abortó el sueño de ser microemprendedores socialmente respetables y con posibilidades de ascenso. Mucho más cuando la discrecionalidad y el amiguismo generaron beneficiarios franquiciados cuya acumulación de subsidios les permitió ingresos diferenciales como pago por la capacidad de la conducción política de sus subordinados.

Mientras tanto, el régimen mostró su designio verdadero. Los cooperativistas reemplazaron definitivamente a las militancias debiendo movilizarse disciplinadamente según los menesteres políticos de sus jefes: desde un acto hasta una manifestación de protesta, hasta el armado de contingentes electorales predecibles.

En suma, una suerte de estatización tercerizada de los pobres que los condenaba a la servidumbre. Pero el desánimo y la conciencia del saqueo fueron motivando un malestar sordo que se empezó a visualizar en los sucesivos comicios desde 2013 en adelante.

Para muchos, el recuerdo del peronismo como sinónimo de bienestar fue reemplazado por el de una maquinaria burocrática depredadora, y así fue perdiendo su encanto. Máxime frente a una nueva dirigencia profesional fría y distante que despreciaba el contacto directo y personal de los antiguos caudillos sustituyéndolo por la gestión de fríos intermediarios.

Pese al cambio de gobierno y el recorte de las malversaciones obscenas, el régimen permanece funcionalmente inconmovible. Y es lógico: semejante maquinaria no puede desmantelarse de un día para otro. El riesgo es la tentación de mantenerla de acuerdo con la lógica conservadora de los últimos treinta años, aunque sea mejor supervisada por funcionarios más decentes. Su reforma, uno de los grandes desafíos de los próximos años.