Maldonado: el informe que analizó el fiscal Delgado para abrir la causa por encubrimiento

La causa judicial por la presunta "desaparición forzada" del artesano Santiago Maldonado –que habría sucedido el 1° de agosto- incorporó un documento oficial de Gendarmería, fechado el 8 de ese mes, que brinda por primera vez detalles concretos sobre los jefes de la fuerza que participaron en el desalojo de la ruta nacional 40, a la altura del kilómetro 1848, por orden del juez federal Guido Otranto.

El escrito confirma que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, participó de una reunión de "coordinación" realizada en San Carlos de Bariloche la mañana del 31 de julio durante la cual se comprometió a "ordenar personal de la provincia" para colaborar en el operativo.

Infobae pudo establecer que este fue uno de los elementos que el fiscal federal Federico Delgado tuvo en cuenta para solicitar que se investigue por los presuntos delitos de "encubrimiento" y de "violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al ministro de Justicia Germán Garavano, al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, al titular de Gendarmería Nacional Gerardo Otero, y a Noceti, entre otros.

Para Delgado "existiría un pacto de silencio" del Gobierno "intentando deslindarse de toda responsabilidad de la desaparición forzada de Maldonado, generando una campaña de desinformación".

En un principio, el Gobierno había argumentado que Noceti estaba de vacaciones en la zona y pasó a saludar. Días después, el propio funcionario reconoció su participación en la reunión de Bariloche, pero se deslindó del operativo del 1° de agosto en la ruta. La Justicia espera los resultados de las pericias realizadas en los teléfonos de los efectivos que participaron del procedimiento para determinar qué grado de intervención tuvo el enviado de la ministra Bullrich.

El documento fue realizado por la Dirección General de Operaciones, y lleva la nomenclatura alfa numérica "AA 7-5100/3284". En la foja 3 de ese paper, y 977 de la causa se lee, en el punto 8 y bajo el título de "APOYO DE OTRAS FUERZAS FEDERALES O PROVINCIALES", lo siguiente:

"El 31 de julio del corriente año a las 22, el Jefe del Operativo Comandante Mayor, DIEGO CONRADO HECTOR BALARI, tomó contacto telefónico con el señor ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Pablo Durán, quien en horas de la mañana había participado en la reunión de coordinación mantenida con el señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Dr. Pablo Noceti, en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), quien se comprometió a ordenar a personal de la policía de esa provincia a colaborar con la Fuerza, lo cual no se concretó pese a los reiterados llamados telefónicos realizados al señor jefe de la Policía de Chubut y Segundo Jefe de la Unidad Regional de ESQUEL".

"Respecto de las demás Fuerzas Federales asentadas en la ciudad de Esquel (Chubut), las mismas no cuentan con capacidad operativa".

En la foja 1 del documento, y la 975 de la causa que desvela al gobierno de Cambiemos, se informa que el "jefe del operativo" fue el mencionado Balari "que nucleaba personal de los Escuadrones 35 del El Bolsón, 36 de Esquel, y personal de la Agrupación XIV Chubut".

El pormenorizado informe revela también que "a partir del 1° de agosto se encontraba a cargo del personal apostado en la Ruta Nacional 40 en proximidades del kilómetro 1848, lugar del corte de ruta, el Comandante Juan Pablo Escola, segundo Jefe del Escuadrón 36 de Esquel".

Escola es señalado como el jefe que lideró el pelotón de gendarmes que ingresaron, sin orden judicial, a los campos propiedad del Grupo Benetton –y que los mapuches reclaman como propios- en Cushamen.

"El 1° de agosto no detuvimos a nadie, no matamos a nadie, no estuvimos ni cerca de detener a alguien. Duermo tranquilo, actuamos correctamente", se defendió cuando fue entrevistado.

Según su edulcorada versión "él y un equipo de diez gendarmes de Esquel, a los que conocía, y 21 de El Bolsón, de los cuales no sabía sus nombres, entraron a Cushamen" y tomó la decisión de hacerlo sin la autorización del juez Otranto "después de que dos agentes resultaran heridos de gravedad sobre la ruta 40 ante una lluvia de piedrazos impulsada por unas 20 personas".

El parte de Gendarmería elevado al juez Otranto sostiene que "la totalidad del personal vistió uniforme de instrucción y campaña" y que "los vehículos utilizados fueron provistos a ambas unidades intervinientes", por la misma fuerza.

En el escrito oficial se reconoce que la represión contra los que cortaban la ruta y la persecución a campo traviesa "de ese 1° de agosto no hubo registro fílmico en razón de no contar con los medios técnicos adecuados".

Por último se informa que "con posterioridad" y ante la negativa de Noceti de enviar refuerzos policiales, como se había comprometido, "se solicitó apoyo de personal al Escuadrón 37, José de San Martín, y del destacamento Móvil 4 con asiento en la ciudad de General Acha, provincial de La Pampa".

La investigación judicial por la desaparición de Maldonado avanza a paso lento, muy lento. Los familiares aún tienen esperanzas de que el mochilero que simpatiza con los reclamos aborígenes aparezca con vida.