Un prestigioso informe sobre libertad religiosa destacó la mejora en la relación entre el Gobierno argentino y la comunidad judía

La Argentina logró generar mejoras en sus relaciones con la comunidad judía a lo largo del último año, según consignó un prestigioso informe internacional sobre la libertad religiosa alrededor de todo el mundo.

El llamado Reporte Internacional sobre Libertades Religiosas, confeccionado anualmente por el Departamento de Estado de EEUU, presentó un cuadro de situación sobre el respeto de leyes, el compromiso con las investigaciones judiciales y la lucha contra la discriminación religiosa llevados a cabo por el Gobierno nacional a lo largo del 2016.

Allí, destacó las tareas realizadas por el equipo del presidente Mauricio Macri respecto de la comunidad judía en el país. En el documento se celebró la continuidad de la búsqueda del esclarecimiento en casos como los atentados a la Embajada de Israel (1992), a la AMIA (1994) y sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En septiembre de 2016, la Corte Suprema resolvió que la muerte del fiscal debía ser investigada en el fuero federal y la causa pasó a manos del juez Julián Ercolini.

"El Gobierno argentino continúa con su investigación por el atentado a la AMIA en 1994. Y en marzo, el presidente Mauricio Macri les dijo a los líderes presentes en la Asamblea Plenaria Congreso Mundial Judío que su Gobierno 'estaba plenamente comprometido seguir adelante' con las investigaciones de lo sucedido en la Embajada y con la muerte del fiscal Nisman", rezó el documento.

Y agregó: "Los grupos de la comunidad judía reportaron que las relaciones con el Gobierno argentino mejoraron desde el cambio de administración en diciembre de 2015. Dijeron que el ambiente entre ambas partes se transformó desde la hostilidad a la colaboración".

En tanto, el informe también destacó otros episodios en los que el Estado argentino mostró su apoyo a víctimas de episodios de índole religiosos.

Se hizo mención, entre otros hechos, al caso del pastor de la Iglesia Bautista Pueblo Grande en Río Tercero, Córdoba, Marcelo Nieva, quien sufrió varios intentos de homicidio, debido a su lucha contra la trata de personas, prostitución y narcotráfico en su provincia. De acuerdo al documento, el Gobierno argentino todavía le ofrece un sistema de protección al pastor para que continúe con su lucha.

También se destacó una campaña educativa llevada a cabo en escuelas públicas y privadas de todo el país "para contrarrestar el sentimiento anti-musulmán" dentro del país.

El elogio a las nuevas relaciones entre el Estado y la comunidad argentina surgieron luego de que en 2015 se registrara un incremento del 55% de episodios antisemitas denunciados respecto al año anterior. En esa última estadística llevada a cabo hasta la actualidad, la DAIA reportó unos 478 casos de violencia y discriminación contra judíos.

La DAIA afirmó en el reporte internacional que el incremento de episodios de violencia antisemita, especialmente registrados en las redes sociales, coincidió con la difusión masiva del caso sobre la muerte del fiscal Nisman.

En cuanto al ámbito legal, el reporte celebró, entre otros factores, que los grupos religiosos no católicos recibieran los mismos beneficios fiscales que los primeros, los cuales representan a una inmensa mayoría.

De acuerdo a las estadísticas presentadas por el Pew Research Center en el informe, los practicantes católicos romanos representan al 71% de la población de la Argentina, mientras que los ateos y agnósticos, un 11%.

Además, se estima que la comunidad judía está compuesta aproximadamente por entre 250 mil y 300 mil individuos, mientras que profesan la religión musulmana entre 450 mil y un millón de personas. El Gobierno argentino reconoció a unos 5.300 grupos religiosos no católicos.

A su vez, se destacaron los avances llevados a cabo en julio de 2016 entre el enviado especial de Monitoreo y Combate contra el Antisemitismo del gobierno estadounidense, Ira Forman, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Durante el encuentro, se resolvió el desafío de que la Argentina se comprometería a recibir a unos 3.000 refugiados sirios. Además, se debatió cuál sería el rol de las instituciones religiosas del país para facilitar la acogida de esos refugiados.

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