El ministro de Justicia Germán Garavano aseguró hoy que en el Gobierno nacional son "respetuosos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero también de los jueces de Jujuy", luego de que la entidad dictara una resolución en la que recomienda al Estado sacar del penitenciario Alto Comedero de Jujuy a Milagro Sala y ponerla bajo arresto domiciliario o fiscalización electrónica.
El funcionario consideró, además, que el Ejecutivo nacional "sólo tiene la función de transmitir" la recomendación de la Comisión difundida ayer y advirtió sobre "un fuerte sector vinculado al kirchnerismo que tiene en Sala una referente política" y que vincula su detención a aspectos políticos.
"El caso no tiene que ser analizado políticamente. Acá hay una investigación contra la dirigente por fuertes sospechas de corrupción", señaló el ministro.
Y, en diálogo con radio La Red, manifestó que "claramente hay un sector vinculado al kirchnerismo que tiene en Sala una referente política y es razonable que mencionen esta cuestión (como presunta presa política), pero lo cierto es que hay una investigación por varios hechos".
Garavano indicó también que "en quince días las autoridades judiciales" de Jujuy tienen que dar una devolución a las recomendaciones sobre las condiciones de detención de jefa de la Túpac Amaru, acusada por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública, y remarcó que el Gobierno nacional es "ajeno" a esa decisión.
"Hay que leer esta recomendación en una tónica humanitaria. La morigeración de la prisión preventiva es por las condiciones en las que encontraron a Sala", explicó al tiempo que enfatizó que "se están cumpliendo" con todas las medidas para "asegurar la integridad" de la dirigente.
Por último, consultado sobre la posibilidad de que la jefa de la Tupac Amaru sea beneficiada con prisión domiciliaria, el funcionario nacional opinó que "en términos generales" y más allá de este caso puntual, la tobillera electrónica "funciona muy bien y son herramientas muy valiosas para descomprimir" los centros de detención.
Ayer, pocos minutos después de que se duera a conocer la resolución de la CIDH, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj emitió un breve comunicado de prensa en el que destacó que el gobierno nacional comunicará la solicitud de la Comisión Interamericana a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy para “su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales”. También mencionó que “el gobierno nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia”.
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