Este viernes, a última hora, el Ministerio de Energía y Minería emitió un comunicado respondiendo las acusaciones vertidas en una denuncia sobre la participación del subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, en el estudio de impacto ambiental de las represas de Santa Cruz, adelantada por Infobae el martes pasado.
De acuerdo con la denuncia presentada por el senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale, Marcolini trabajó y tuvo o tiene acciones en las consultora que realizó la primera evaluación, es director titular de la firma de capital estatal que hizo la segunda y es el encargado en el Estado de la principal área a cargo del tema. Sin embargo, la dependencia que conduce Juan José Aranguren consideró que todo el proceso "cumplió con las normas y procedimientos establecidos en las leyes aplicables".
La denuncia adelantada por Infobae fue presentada el martes por Solanas y Viale, ambos precandidatos en las elecciones primarias de agosto. El expediente quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal 2, y de la Fiscalía 10 que conduce María Paloma Ochoea. El escrito que presentaron apunta contra Aranguren y Marcolini.
"No existe transgresión alguna por parte del ingeniero Marcolini de las normas sobre conflictos de intereses establecidas en la Ley 25.188. Las tareas profesionales que realizó como empleado de IATASA, referidas a los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz (como proyectista junior aunque en proyectos que diferían completamente de los actuales), fueron realizadas entre los años 1976 y 1978, por lo que el plazo transcurrido es muy superior a los 3 años previstos en las normas sobre incompatibilidades de la Ley 25.188", sostuvo el Ministerio de Energía y Minería. Agregó que "la firma IATASA no tiene actualmente ninguna vinculación con el proyecto" y que "Marcolini dejó de prestar servicios para IATASA antes de su ingreso a la función pública".
El segundo punto que subrayaron "Pino" Solanas y Enrique Viale es que Marcolini fue designado el año pasado director titular de EBISA, una empresa de capital estatal (el 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía) que realizó el segundo estudio de impacto ambiental de las represas, ya que el proyecto original y la evaluación realizada por la consultora de Marcolini fue duramente cuestionado por inconsistencias técnicas.
Nuevamente aquí para el ministerio que conduce Aranguren no hay irregularidades. "Nada impide al Estado Nacional desarrollar el estudio ambiental a través de una entidad propia especializada y con la colaboración de expertos en la materia. La propia Ley 23.879 exige en su artículo 3° la intervención en el proceso de 'los funcionarios que participaron en la elaboración de los estudios'", alegó el Ministerio de Energía. "Eso no significa que el Estado 'apruebe' su propio estudio, como erróneamente señalaría la denuncia, sino que, como en toda actuación estatal, toma en consideración la información y documentación emitida por las áreas técnicas especializadas, creadas para ese fin, para que luego tome la decisión quien tenga la competencia como autoridad en la materia. Eso no significa que el Estado apruebe su propio estudio. El estudio brinda elementos de juicio para que la autoridad competente adopte la decisión que le compete, en este caso, la factibilidad de la obra", insistió.
El mismo comunicado reconoce que "una vez recibido y analizado el estudio realizado por EBISA, la aprobación de la factibilidad de las obras no fue dictada por EBISA ni por los funcionarios que la integran, sino por las autoridades superiores del Ministro de Energía y Minería y de otros tres órganos estatales". Entre esas "autoridades superiores del Ministerio de Energía" está Marcolini.
Los denunciantes pidieron la nulidad del estudio, que será debatido el jueves que viene en una audiencia pública en el Senado.
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