
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió hoy la orden impartida a la Policía bonaerense en el marco del violento desalojo de trabajadores en la planta PepsiCo y aseguró que el gobierno de María Eugenia Vidal "hizo lo que tenía que hacer".
"El gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo lo que tenía que hacer y actuó", resaltó la funcionaria en declaraciones a la prensa formuladas en dependencias de la Policía Federal, en el barrio de Villa Riachuelo. Al igual que su par de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, Bullrich afirmó que durante el desalojo "hubo hechos de violencia" por parte de los trabajadores y como consecuencia de ello "hay policías heridos".
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En sintonía, Ritondo criticó los incidentes que se registraron durante el desalojo de la planta ubicada en la localidad de Vicente López, y aseguró que "quienes quieren provocar este tipo de situaciones, lo único que hacen es incitar a la violencia", porque "había una orden de desalojo, donde la policía actuó dentro del protocolo de seguridad".
"Cuidamos que no haya exceso por parte del personal", expresó Ritondo, aunque confirmó que se hará una revisión si hubo excesos por parte de la policía y lamentó que durante el operativo culminó sin detenidos pero con 15 efectivos heridos, una mujer de infantería en estado "grave".
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Por otro lado, y en diálogo con los medios, el funcionario informó que notificó a la gobernadora María Eugenia Vidal sobre los procedimientos. "Son temas que le preocupan, que no haya heridos, el accionar policial". "Nos gustaría mucho más tener esos polcáis cuidando la calle y dando lucha contra el delito", planteó, y añadió que "se avisó por megáfono y la respuesta fue la violencia"
Agentes de Infantería de la Policía Bonaerense y efectivos de Gendarmería Nacional iniciaron pasadas las 8 de la mañana el operativo de desalojo en la planta de la multinacional PepsiCo, en la localidad de Florida, partido de Vicente López.
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Unos 500 efectivos enfrentaron con gas pimienta a los despedidos que resistían. El jefe del operativo les había dado un plazo de "cinco minutos" para abandonar el lugar y ante la negativa cumplieron la orden de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste, quien dio curso a la solicitud elevada por el fiscal Gastón Larramendi para terminar con la toma de la compañía.
Según se informó, entre los heridos, la que mayor gravedad reviste es la sargento Natalia Tapia Almeyda, del Destacamento Azul, con una fractura expuesta de tibia y peroné, producto del golpe de un adoquín arrojado desde el techo de la fábrica, donde una veintena de despedidos resistió el desalojo.
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