En las últimas horas comenzó a circular un escrito, recibido por mail por varios fiscales, listo para imprimir y firmar, solicitando la continuidad de la jefa de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación.
El archivo tiene el logo del Ministerio Público Fiscal y en el texto manifiesta la oposición de los eventuales firmantes a la destitución de la Procuradora. Un primer borrador del libelo decía:
Los abajo firmantes, integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, nos oponemos y repudiamos las operaciones político-mediáticas de público conocimiento, que se están realizando para deponer en forma inconstitucional a la Procuradora General de la Nación, afectando no sólo a la institución, sino todo el sistema republicano, pilar de nuestra forma de gobierno. Por ello, llamamos a la reflexión a los responsables de estas operaciones e intento de facto, de avasallar las instituciones democráticas y la independencia del Ministerio Público Fiscal, garantizada por el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Luego fue modificado y el texto definitivo fue el siguiente:
Las/os abajo firmantes, en defensa del estado de derecho, nos oponemos a cualquier acción tendiente a destituir en forma inconstitucional a la Procuradora General de la Nación, afectando la institución y el sistema republicano, pilar de nuestra forma de gobierno.
Por ello, llamamos a la reflexión y estamos alerta ante cualquier intento de avasallar las instituciones democráticas y la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal, garantizada por el artículo 120 de la Constitución Nacional.
De esta forma, Gils Carbó -junto a sus seguidores de Justicia Legítima- comienza a dar los primeros pasos de la estrategia que adelantó ayer en una entrevista radial con el periodista Reynaldo Sietecase, en la que aseveró: "Si me destituyen por decreto, seguramente me quedaré en mi oficina". En la mañana de este martes, el diputado por Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli aseguró que no descarta para nada que el Gobierno destituya por decreto a la Procuradora.
Sin embargo, en la reunión de gabinete el presidente Mauricio Macri dejó en claro que por el momento esa no será la alternativa elegida. En el mismo sentido se pronunció el ministro de Justicia, Germán Garavano. "Lo descarto", afirmó el funcionario, quien no obstante agregó: "La Procuradora debe pedir licencia y asumir su defensa judicial como ciudadana y no como jefa del fiscal que está pidiendo su indagatoria".
Lo cierto es que Alejandra Gils Carbó a lo largo de su actuación en la Procuración fue enhebrando un rosario de motivos para ser severamente cuestionada. Tiene pedidos de juicio político impulsados por el abogado Ricardo Monner Sans y por la diputada nacional y socia de Macri en Cambiemos, Elisa Carrió. También está cuestionada su actuación en los primeros momentos de la investigación de los hechos por los que permanece detenido Lázaro Báez.
Pero sin dudas, hoy el mayor quebradero de cabeza para la jefa de Justicia Legítima es la denuncia que tramita en el juzgado a cargo del juez federal Julián Ercolini que hoy recibió el pedido de indagatoria que hizo el fiscal federal Eduardo Taiano en un escrito de 79 fojas. En esa causa se investiga una maniobra sobre la que viene informando Infobae por la compra de un inmueble para la Procuración por el que se pagaron más de 48 millones de pesos, operación por la que un familiar de un funcionario que respondía directamente a Gils Carbó cobró 3 millones de pesos de comisión, monto muy superior a los valores de mercado en transacciones similares. Todo se hizo en una licitación que a primera vista luce amañada y direccionada.
Ante la proximidad de una tormenta judicial de semejante magnitud, Gils Carbó izó la bandera de la resistencia detrás de la que se encolumnaron sus seguidores con el escrito que ya está circulando entre los miembros y empleados del Ministerio Público Fiscal alegando una supuesta maniobra para desplazarla por decreto.
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