El Gobierno creó un equipo de trabajo para controlar desvíos y distorsiones en el contrato del soterramiento de la línea Sarmiento. Lo hizo por pedido de la Procuración del Tesoro, que analiza contratos que Odebrecht tiene en la Argentina para cuantificar el perjuicio al Estado por supuestos sobreprecios e irregularidades.
La decisión de la administración nacional está plasmada en la Resolución 413/2017, que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
El equipo, que estará integrado por representantes de las áreas técnicas del Ministerio y contará con la asistencia de funcionarios de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General, deberá "verificar la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se detecten".
Además, tendrá que revisar "la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales".
Por último, le corresponde a la unidad informar a la cartera de Transporte "el detalle de los avances en el plan de trabajo y un reporte final en el que se exponga el resultado del relevamiento y revisión del contrato".
El equipo de trabajo estará integrado por representantes de la Secretaría de Obras de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, la Unidad Ejecutora de la obra, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte. También habrá dos representantes de la Procuración del Tesoro y SIGEN.
La norma aclara que el equipo de trabajo "podrá requerir la colaboración de todas las entidades del sector público, a fin de obtener los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados" con la obra.
En diciembre pasado Odebrecht reconoció que entre 2007 y 2014 pagó más de 35 millones de dólares en la Argentina para ganar contratos de obra pública. Ayer se conoció que la constructora resolvió desprenderse de su participación en el consorcio que tiene asignado el soterramiento. Si la operación tiene el aval del Ministerio de Transporte, le venderá el 33% a italiana Ghella, que pasará a tener el 70%.
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