El capítulo local del escándalo Odebrecht se transformó en un juego de ajedrez dinámico. Las estrategias de los jugadores implicados se modifican ante la falta de resultados. Mientras tanto, se demora la llegada de las confesiones de los que pagaron las coimas y los nombres de los que cobraron.
La negociación con la multinacional impulsada desde el Gobierno activó las causas judiciales locales. Durante dos semanas, hubo allanamientos y medidas de prueba en todos los expedientes. Pero el acuerdo extrajudicial sigue empantanado. La empresa se niega a aceptar las condiciones que le ofreció el procurador del Tesoro, Bernando Saravia Frías, quien se reunió con varios ministros antes de redactar la última propuesta.
Las expectativas del Gobierno ahora están depositadas en el viaje que harán los jueces y fiscales federales a Washington. Ayer, el Ministerio de Justicia recibió una carta firmada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI (Federal Bureau of Investigation) para concretar una reunión de trabajo en ese país, tal como adelantó Infobae. Oficialmente se habla de "intercambiar información", pero se apunta a destrabar la llegada de los datos, en poder del FBI, sobre las coimas pagadas en la Argentina, unos 35 millones de dólares.
Hoy la Corte Suprema dio otro paso para concretar el viaje: aprobó el presupuesto para que viajen los cuatro jueces que investigan las causas sobre Odebrecht: Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Daniel Rafecas. Dos de los jueces ya confirmaron su presencia, pudo saber este medio en fuentes judiciales.
Martínez De Giorgi investiga junto al fiscal Franco Picardi la construcción del soterramiento del Tren Sarmiento, la mayor obra que realiza la constructora en la Argentina por US$ 3000 millones de dólares. Se investigan presuntos sobreprecios y coimas.
Casanello investiga la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas. Según consta en la causa el llamado a licitación se aprobó por $ 1.893.424.855 en enero de 2008. Tres meses después, se modificó el presupuesto oficial llevándolo a $ 2.224.590.173. Cuando se adjudicó su valor era de $ 2.774.921.124.
El juez Daniel Rafecas tiene la causa 13404/2007, donde están bajo sospecha la concesión de la obra de la ampliación de gasoductos durante los años 2006 a 2008, cuya cifra supera los 2.300 millones de dólares. Albanesi SA y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) resultaron contratadas y, a su vez, ambas subcontrataron a Odebrecht para realizar los trabajos de ingeniería. En Tribunales se la conoce como Skanska II.
Por último, el juez Ramos investiga al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido por la presunta comisión del delito de cohecho. La causa está relacionada de manera indirecta con Odebrecht por la compra de Transener a manos de Petrobras.
Luego del viaje de los fiscales a Brasil, que hasta ahora no dio resultados, el Gobierno decidió presentarse como querellante en tres de las causas, a través de la Oficina Anticorrupción. El organismo de control que depende del Poder Ejecutivo ya puede tomar conocimiento de todos los expedientes e, incluso, ofrecer pruebas. Y ahora intentará unificar las causas. "En todos los expedientes aparece la línea de poder que termina en (Julio) De Vido", argumentó un funcionario. Y agregó: "Lo ideal sería un modelo a la brasileña, donde se conformó un equipo de fiscales".
La jugada podría encontrar resistencia entre los jueces federales involucrados. "Son causas muy grandes, la Cámara Federal ya dijo que no conviene unificar en estos casos", dijo uno de los magistrados ante una consulta de Infobae. Otro, en cambio, respondió que será determinante el rol de los fiscales. "Hasta ahora no lo pidieron", advirtió. Sin embargo, el fiscal Federico Delgado pidió elaborar una línea de tiempo que integre todos los datos obtenidos en las distintas causas. "La prueba reunida, la articulación de datos con otros expedientes nos lleva a identificar los momentos "sensibles" de aquel trámite administrativo en los que se verificó un comportamiento doble. La existencia de sobreprecios no justificados y quizás esos alojaron sobornos", señaló el fiscal a comienzos de este mes.
En el Gobierno creen que la unificación de causas, en este contexto, es un paso adelante para avanzar sobre los responsables. Falta mucho.
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