El gobierno argentino sufrió este miércoles un duro revés en la OEA al no poder incorporar en la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) al candidato para ocupar un sitial en ese organismo, el cuestionado abogado Carlos de Casas.
Luego de intensas negociaciones del canciller Jorge Faurie en Washington para tratar de sumar el voto de otros países e incorporar a De Casas a la CIDH, los representantes en la OEA decidieron sumar en el máximo organismo de control de los derechos humanos a Antonia Urrejola de Chile, al mexicano Joel Hernández y a Flávia Cristina Piovesan de Brasil.
En rigor, De Casas recibió un fuerte cuestionamiento de organismos de derechos humanos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que habían objetado al candidato de Mauricio Macri para la CIDH por su supuesta "incompetencia", por la defensa a un militar retirado acusado de delitos de lesa humanidad y por la supuesta falta de conocimientos para ocupar ese cargo.
Había tres cargos disponibles para ocupar en la CIDH de un total de siete. En diciembre asumirán los que se propusieron hoy y para el reemplazo del resto se deberá esperar a 2019.
Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de la Cancillería, tanto Faurie como la misión argentina ante la OEA hicieron denodados esfuerzos en imponer el nombre de De Casas. Pero finalmente las objeciones que había recibido tanto en el exterior como en la Argentina pesaron en su contra.
De Casas es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), es conjuez de la Justicia Federal de Mendoza, ha sido asesor en materia penal y evaluador para el ingreso de candidatos a la Magistratura. También fue Director de Asuntos Penales de Mendoza.
El Gobierno había propuesto a De Casas para la CIDH, pero no hubo consultas la sociedad civil previo a su anuncio. La ex canciller Susana Malcorra había defendido a rajatabla a De Casas como candidato para la CIDH.
Sin embargo, en la Argentina De Casas fue impugnado por organizaciones como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo, las CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y Memoria Activa, entre otras. "El perfil y el desarrollo profesional del candidato no se vinculan con la defensa y promoción de los derechos humanos sino con el derecho empresarial, penal económico y tributario", advirtieron estas organizaciones en una carta que habían enviado a Malcorra y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Los cuestionamientos a De Casas son por su nula trayectoria en el área de derechos humanos, además de su rol como defensor del oficial retirado Enrique Blas Gómez Saa, acusado por delitos de lesa humanidad.
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