El Gobierno reforzará el control y las exigencias en las declaraciones juradas de los funcionarios

En un nuevo gesto por mostrar transparencia en el Estado y eludir las críticas de la oposición, el Gobierno emitirá un decreto que apunta a profundizar los controles de las declaraciones juradas de los funcionarios y aplicará sanciones más severas a los incumplidores.

La norma que elaboró la Oficina Anticorrupción presidida por Laura Alonso tiene tres ejes centrales: los funcionarios del Estado deberán hacer públicos sus antecedentes laborales para evitar incompatibilidades o conflictos de interés, deberán presentar y publicar el patrimonio de sus cónyuges e hijos y, por último, aquellos que no hayan presentado la baja de sus declaraciones una vez que finalicen sus funciones no podrán volver a ocupar un cargo en el Estado.

Además, el organismo encargado de controlar los casos de corrupción en el Estado adelantó que pondrá mayor firmeza en la retención del 20% del salario para aquellos funcionarios que no hayan cumplido en tiempo y forma con la declaraciones patrimonial.

Según un informe de la OA al que tuvo acceso Infobae, el universo de funcionarios incumplidores decreció en el último año. Así se pasó del 88,13% de incumplidores que había en junio de 2016 al 9,19% en junio de 2017. De esta manera, de los 50.000 funcionarios públicos obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes el 90,81% se encuentra en regla. Hay unos 2.812 funcionarios incumplidores y se le retuvo el 20% de los haberes a 266 funcionarios por reiterados incumplimientos.

"Es fundamental que cada organismo -a través de sus autoridades y sus áreas de Recursos Humanos- cumplan un rol proactivo avisando a los obligados y garantizando su cumplimiento. A los incumplidores, los organismos en los que se desempeñan deben intimarlos para que en el término de 15 días realicen la presentación. Si el incumplimiento persiste pueden retenerles el 20% del salario", reveló un documento de la OA.

A su vez, Infobae pudo saber en detalle los alcances del decreto que está a la firma del presidente Mauricio Macri y que contempla tres cambios fundamentales para la transparencia pública:

1- Antecedentes laborales: a partir del decreto presidencial se obligará a los funcionarios a hacer públicos sus antecedentes laborales ya que por la reforma de la ley de Etica Publica del 2013 esta parte de las declaraciones juradas era secreta. Así, el gobierno busca evitar incompatibilidades y eventuales conflictos de interés como los que denunció la oposición ante algunos casos de licitación emprendido por funcionarios.

2- Patrimonio familiar: las declaraciones juradas de cónyuges e hijos de un funcionario también estaban vedadas al público por la última reforma a la ley de Etica Pública y ahora deberán ser abiertas. De esta manera, se busca que en casos de eventuales actos de corrupción o enriquecimiento ilícito los denunciantes puedan hacer un rastreo de la ruta del dinero por medio del grupo familiar. Sin decirlo abiertamente el gobierno puso como leading case el ejemplo de Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo investigados actualmente por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

3- Bajas de declaraciones: hasta ahora el Estado era muy flexible al momento de exigir la declaración jurada de baja cuando un funcionario dejaba su cargo. En adelante el decreto que saldrá en lo inmediato planteará expresamente que aquel funcionario que no presente la última declaración jurada antes de dejar su puesto no podrá volver a ocupar un cargo en el Estado.

El Gobierno acaba de prorrogar el plazo de vencimiento para la presentación de las declaraciones patrimoniales al 31 de julio. Se fijó esta fecha debido a la decisión de la AFIP de prorrogar el vencimiento de los plazos para presentar las declaraciones de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. En la actualidad el formulario para presentar las DDJJ depende de la AFIP pero la intención de la OA es desprender de los tiempos de ese organismo las pautas de obligación de declaraciones de funcionarios.

El decreto que elaboró la OA junto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Modernización será firmado por Macri en los próximos días.

Por otra parte, la OA acaba de elaborar un detallado informe al que tuvo acceso Infobae en el que revela un amplio listado de organismos descentralizados que son más cumplidores e incumplidores al momento de presentar la declaración jurada de sus funcionarios. Así, Lotería Nacional, la Universidad de Buenos Aires y la Superintendencia de Seguros de la Nación aparecen como los más eficientes con niveles de cumplimiento del orden del 90 al 97 por ciento.

En tanto, los organismos más incumplidores son la Universidad de La Rioja (sólo un 0,88% presentó la declaración de bienes); la Universidad de Tucumán (1,07%); la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (4,17%); la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (16,67%); la Universidad de la Defensa Nacional (18,18%); el ex Ministerio de Planificación (20,51%); el Registro de Trabajadores y empleados agrarios (26,67%); la Universidad del Comahue (30%); el Banco de Inversión y Comercio Exterior (31,82%) y el Ente Regulador de Agua (33,33%).

Tanto el decreto que prepara Macri para dar mayor transparencia al Estado como las exigencias más severas que aplicará la OA en adelante se ajustan también a los requisitos que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el ingreso de países como la Argentina.