Aldo Ducler esperaba recibir dinero del Estado por dar información sobre los supuestos manejos de la familia Kirchner

Juan Manuel Ducler miraba de un lado y del otro. "Vos no te das una idea la olla que está por destapar el viejo", repitió, varias veces, en nuestro último encuentro 10 días antes de la muerte de su padre en el café Rond Point de Barrio Parque. Fumaba habanos mientras tomaba su café.

El ex hombre fuerte de Mercado Abierto estaba decidido a contar todo lo que sabía sobre los fondos de Santa Cruz y la compra-venta de acciones de la empresa más grande de la Argentina: YPF. A fines de septiembre del 2016, tal como anticipó Infobae, Aldo Ducler se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ponerse a disposición de la Justicia. Su presentación cayó en el Juzgado Federal Nº 8. Nadie lo llamó. ¿Por qué en ese momento? Había cambiado el gobierno, los Kirchner ya no estaban en el poder, la ley del arrepentido se discutía en el Congreso nacional y su familia lo respaldaba. "Era ahora o nunca".

Consultado por el supuesto interés económico de su padre, Juan Manuel Ducler explicó que "en los Estados Unidos y en otros países del mundo, el informante de documentación sensible recibe un porcentaje del dinero recuperado por el Estado". Ese párrafo explicativo formó parte de la presentación realizada por Ducler y su hijo, el martes pasado en la UIF. Este medio recibió copia de la misma con ese renglón tapado por una hoja en blanco. El hijo de Ducler se pregunta de dónde salió esa información: "El único que tenía la denuncia eras vos". 

La ley del arrepentido ha funcionado exitosamente en países como Italia, Perú, Guatemala y Brasil. El arrepentido es una persona que ha participado de uno de los delitos establecidos en la ley y que a cambio de una reducción de la pena brinda datos o información precisa, verosímil y comprobable. Como contraprestación, el Estado le garantiza la protección del arrepentido y de sus familiares. Es uno de los puntos que había solicitado Aldo Ducler a las autoridades de la UIF, organismo al que le habían recomendado dirigirse sus contactos de confianza dentro del gobierno de Cambiemos.

La ley castiga al "arrepentido falaz" con una pena de 4 a 10 años de prisión para evitar que las organizaciones criminales planten arrepentidos. En otros países del mundo, como Estados Unidos, el arrepentido puede solicitar a los interesados que un porcentaje del dinero recuperado por el Estado, recuperado gracias a la valiosa información ofrecida, la reciba el informante. Es lo que anhelaba Aldo Ducler. Una especie de virtual recompensa. Los contactos que había tenido la familia les habían dicho que la posibilidad era factible. Pero el martes 30 de mayo, los Ducler se encontraron con otro panorama. Su presentación terminó en manos de una empleada de mesa de entradas del organismo de control financiero.