Este viernes se concretó la esperada reunión entre los fiscales de Brasil y de Argentina por el escándalo en torno a las contrataciones de la empresa Odebrecht. El objetivo del encuentro celebrado en Brasilia fue dialogar sobre los mecanismos de cooperación para el envío de la información correspondiente al capítulo argentino de las revelaciones judiciales de la constructora, aunque la incompatibilidad de las legislaciones complica la llegada de la documentación al país.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y los fiscales Franco Picardi y Carlos Stornelli, llegaron ayer a Brasilia, un día después del levantamiento de la cláusula de confidencialidad vigente desde el 1º de diciembre, por lo cual la Justicia de ese país quedó en condiciones de compartir información del "Lava Jato" con Argentina, donde la empresa Odebrecht reconoció que pagó sobornos por 35 millones de dólares para obtener contratos de obra pública.
Sin embargo, el intercambio de información tiene una traba: la Procuración brasileña dejó en claro que los documentos sólo serán remitidos si en Argentina se comprometen a no iniciar acciones legales contra los ejecutivos de Odebrecht, algo que la legislación local no contempla.
En Brasil rige el principio de indulgencia, a partir del cual se firmó un acuerdo con la empresa, cuyos ejecutivos colaboraron con la investigación a cambio de inmunidad judicial. Sin embargo, en Argentina la figura del arrepentido es limitada y de ninguna forma contempla la extinción de la acción penal.
Los fiscales mantuvieron una reunión en la sede la Procuraduría General con el vicefiscal General, José Bonifacio, y el secretario de Cooperación Internacional del Ministerio Público, Vladimir Aras.
En una conferencia de prensa conjunta, el fiscal brasileño explicó que para superar ese escollo se puede iniciar el proceso de cooperación previsto expresamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente la remisión de información espontánea. Y contó el caso de Cabo Verde, cuya legislación no permitía el acuerdo de lenidad. Al parecer, en la pequeña isla africana consideraron que el tratado de la ONU permite poner el acuerdo por encima de la legislación local, una interpretación con la que los fiscales argentinos no están de acuerdo.
A su vez, tampoco está claro si el acuerdo incluiría, además de la remisión de información, la colaboración con la Justicia local.
Por lo pronto, los fiscales argentinos ya pidieron que les sea remitida la información. En la reunión, sus pares brasileños aclararon que el trámite deberá ser revisado por el Tribunal Superior de su país. Aunque no se mencionaron plazos, hubo un compromiso de que será lo más rápido posible.
Fuentes judiciales precisaron a Infobae que el procedimiento legal que si el máximo tribunal brasileño accede, el intercambio de información será de Estado a Estado. Esto quiere decir que la documentación sería remitida desde el gobierno brasileño a la Cancillería, porque la ley establece que los exhortos los deben tramitar los países. Aunque esto podría ser considerado una 'verdad de perogrullo', en los últimos días se especuló bastante sobre esta cuestión.
Argentina es el segundo país, después de Ecuador, que mantiene este tipo de reuniones, al más alto nivel de cooperación entre fiscales, desde que ayer venció el acuerdo de confidencialidad entre la justicia norteamericana y Odebrecht en lo que se refiere a la ramificación internacional del escándalo.
Gestión de Garavano
El ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunirá el lunes en Washington con el fiscal general Jeff Sessions, en el marco de una serie de encuentros que viene manteniendo en los Estados Unidos para poder acceder a la información que proporcionó la empresa brasileña Odebrecht en el país norteamericano.
Con el mismo objetivo, el ministro ya se reunió esta semana en Nueva York con un grupo de fiscales federales que investigó a la constructora brasileña.
Antes de su viaje a los Estados Unidos, Garavano se reunió en Buenos Aires con los representantes legales de la constructora brasileña, a quienes les exigió que "le entreguen al Estado argentino el listado de quienes recibieron sobornos" en el país para remitirlo "inmediatamente a la justicia", en tanto que la compañía le entregó documentación referida a sus contratos locales de obra pública entre el 2007 y el 2014.
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