La justicia brasileña ya puede enviar a la Argentina la información sobre coimas por USD 35 millones que Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios del país para acceder a contratos de obra pública. La fiscalía general de Brasil le había dado a la constructora un plazo de seis meses para cerrar acuerdos con los países donde cometió delitos de corrupción antes de remitirla a fiscales y ese acuerdo vence hoy.
Una comitiva de fiscales viajará este viernes a Brasil para reunirse con sus pares de ese país y avanzar en las investigaciones relacionadas con los sobornos que la constructora presuntamente pagó entre 2007 y 2014. El viaje fue impulsado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien estará acompañado por los fiscales Franco Picardi, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.
Mañana se realizará en Brasilia una reunión con el viceprocurador general José Bonifacio Borges de Andrada. En ese encuentro también estará presente el fiscal a cargo de la oficina de cooperación internacional de la Procuración de Brasil, Vladimir Aras, un funcionario encargado de gestionar los avances entre ambos países. Entre otras cuestiones, allí se podría avanzar en la idea de conformar un equipo de trabajo binacional.
El encuentro está programado para un día después de que se levante la cláusula de confidencialidad, vigente desde diciembre pasado, que pesa sobre los testimonios y pruebas aportados por los ex directivos de Odebrecht en calidad de "arrepentidos".
El capítulo argentino de la megacausa Odebrecht explotó cuando trascendió que la compañía brasileña había admitido ante la Justicia de los Estados Unidos que entre 2007 y 2014 pagó sobornos en Argentina por USD 35 millones para quedarse con contratos de obra pública.
A partir de esa confesión, Odebrecht y la fiscalía general brasileña, a cargo de Rodrigo Janot, llegaron en diciembre a un acuerdo con fiscalías de otros 10 países implicados para que la compañía negociara con las naciones donde quería seguir operando.
La información, que podría incluir videos, documentación sobre reuniones, correos electrónicos, depósitos y otros detalles, será remitida a Alejandra Gils Carbó. En principio, esos datos no serán revelados, dado que las autoridades brasileñas le pidieron a la procuradora que "mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil".
Mientras tanto, el Gobierno reclama la difusión de esta información. Esta semana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acusó a Gils Carbó de "dilatar la posibilidad de que los argentinos" accedan al contenido presuntamente comprometedor y señaló que más allá del impedimento legal "hay otros instrumentos, como es la Comisión bicameral de seguimiento de la Procuración en el Congreso o la Oficina Anticorrupción".
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