El Gobierno volvió a reunirse con representantes de Odebrecht y ahora espera una respuesta de la empresa

Este miércoles por la mañana, el ministro Germán Garavano y el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, volvieron a insistirle a los representantes de Odebrecht la necesidad de suscribir una carta de intención en la que la firma de origen brasileño se comprometa a desembolsar USD 35 millones como una cifra de base para empezar a desempolvar información vinculada a las obras en el país. Según confiaron a Infobae fuentes oficiales al tanto de la negociación, la empresa se llevó un documento con los principales puntos del acuerdo al que busca arribar con la Casa Rosada para analizarlo y responder en los próximos días.

"La pelota está del lado de ellos", aseguraron ayer por la tarde fuentes oficiales. Como publicó ayer Infobae, y después de que el Gobierno diera marcha atrás con las negociaciones en las que la empresa pretendía inmunidad judicial -que provocaron pases de facturas internos en la Casa Rosada-, la carta de intención en la que avanzaron hoy contempla el desembolso de lo que directivos de la compañía aceptaron haber pagado en coimas a funcionarios nacionales, como el puntapié inicial para el resarcimiento del perjuicio al Estado por las eventuales irregularidades en torno a los tres contratos adjudicados al gigante brasilero en el país. Se trata de la planta potabilizadora de AySA Paraná de las Palmas, el gasoducto en Córdoba y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que son investigados por la Justicia Federal.

Según abundaron desde el Gobierno, la reunión de este miércoles evidenció la grieta interna entre el equipo de abogados y directivos de la empresa. "Quieren dilatar las cosas", explicaron. Es que una de las principales inquietudes de la firma expresada durante el encuentro de ayer es la continuidad de las obras en la Argentina y la presentación en futuros contratos. De las tres obras cuestionadas, hay dos que están prácticamente finalizadas: la planta potabilizadora y el gasoducto cordobés. El soterramiento -que llevan adelante como parte de un consorcio de empresas integrado por la argentina IECSA, que pertenecía al primo del presidente Mauricio Macri, y la italiana Ghella-, que ya le demandó al Estado decenas de miles de millones de dólares, está avanzado solo en un 3%. La paralización de la obra no está, por ahora, entre las posibilidades que barajen desde el Poder Ejecutivo. Aunque no lo descartan si es que con el correr de la investigación se detectan irregularidades.

En ese sentido, desde la Procuración del Tesoro hay una docena de profesionales abocados a la investigación de las tres obras: buscan detectar supuestos sobreprecios o irregularidades, y tratar de develar si hubo perjuicio a las arcas públicas. De ese trabajo, según pudo saber este medio, se desprende, por ahora, que el contrato en Córdoba implicaría serias irregularidades. Es parte de la auditoría en la que el organismo trabaja en cooperación con la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura. La obra cordobesa es la única realizada por Odebrecht en el continente, que reconoció en los Estados Unidos haber sobornado en 35 millones de dólares a funcionarios nacionales. La compañía trabó acuerdos con 16 países. Aún no lo hizo con Angola, Venezuela y la Argentina.

Durante el encuentro de este miércoles, por momentos tenso, también hubo lugar a detalles anecdóticos. La compañía brasilera, por ejemplo, quiere evitar que figure la palabra "sobreprecios" en el acuerdo al que arriben con el Gobierno, si es que finalmente se concreta. Hay además una discusión interna entre los directivos, su equipo jurídico y los funcionarios acerca de los delitos reconocidos en el exterior y la legislación nacional.

En tanto, hoy es el día previsto por la Justicia brasileña para empezar a remitirle información a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Ayer por la noche, por su parte, el ministro Garavano viajó a los Estados Unidos, donde tiene agendadas reuniones vinculadas al caso. En las próximas horas, en tanto, fiscales argentinos volarán hacia Brasil para profundizar la cooperación con aquel país en torno a los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py sobre el escándalo.

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