El Gobierno intimará a Odebrecht a que presente sus balances

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Sergio Brodsky confirmó que el organismo dependiente del Ministerio de Justicia intimó a la empresa Odebrecht Argentina a que presente los balances que corresponden a los año 2015 y 2016, documentación que será parte de la información que la IGJ le entregará al juez federal Sebastián Casanello el próximo lunes.

"Intimamos a Odebrecht Argentina a presentar sus balances 2015 y 2016, para lo cual tiene un plazo de 20 días hábiles", aseguró Brodsky en declaraciones a la agencia Télam.

Brodsky también dijo que durante el análisis de los legajos de Odebrecht Argentina descubrieron que el balance correspondiente al 2014 de la empresa "fue presentado y aprobado" pero "no se advierte allí ninguna actividad de obra pública, cuando, por lo que se puede leer en las noticias ya tenía adjudicaciones".

El titular de la IGJ detalló además que la empresa constructora opera en el país con dos estructuras: una Odebrecht Argentina y la otra la sucursal de la casa matriz. En el primer caso, Brodsky consideró que el balance presentado "en principio estaría en regla" pero detalló que "el balance de 2015 está en estudio y aún no fue aprobado a raíz de salvedades planteadas por los auditores en función de las cuales se podría realizar un pedido de aclaración" a la compañía.

"Toda la información que podamos tener va a ser aportada a la Justicia", dijo Brodsky, quien indicó que, "en paralelo" a la documentación que antes del lunes presentarán ante el juzgado de Casanello, el organismo va a continuar "con estas intimaciones" y, en función de las respuestas, remitir también esa información a la Justicia.

La empresa constructora Odebrecht fue señalada en el marco de la megacausa Lava Jato luego de que reconociera el pago de coimas multimillonarias a la realización de obras públicas tanto en Brasil como en otros países del continente (Argentina, Perú y Venezuela, entre otros). Incluso, ante la Justicia de los Estados Unidos la empresa reconoció haber pagado USD 35 millones por coimas en la Argentina entre 2007 y 2014.

Parte de esa información será remitida por la Procuración General de Brasil a la de Argentina a partir del jueves, cuando venza el plazo que había sido fijado para que la empresa negociara en los distintos países las condiciones para ofrecer datos sobre corrupción.

En paralelo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, realiza tratativas con los abogados de la empresa para que brinde información a la Oficina Anticorrupción para que ésta, a su vez, la entregue a la Justicia ante lo que entienden es la "inacción" de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, frente a este tipo de investigaciones.

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