El gobierno nacional publicó hoy el decreto con las firmas del presidente Mauricio Macri y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que dispone la creación del "certificado de vivienda familiar", un instrumento que entregará la ANSES a los habitantes de 4.100 villas de todo el país y que les permitirá acceder a mejores servicios.
El número no es arbitrario. Es producto de un relevamiento que realizó el Estado en todo el país junto a organizaciones como Techo, Cáritas, y movimientos sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que también figura en el decreto 358/2017 bajo la denominación de Registro Nacional de Barrios Populares.
"Las familias necesitan un certificado para diferentes cosas, para trámites sociales, en los ministerios, para los domicilios, para la regularización de los servicios. Esto tiene un gran valor simbólico, pero no tiene valor en términos de título de propiedad; no implica un reconocimiento catastral", explicó a Infobae un importante funcionario del Ejecutivo. En el Gobierno analizan que muchas de estas familias viven sobre terrenos fiscales, con jurisdicción mixta o incluso sobre propiedad privada.
Este certificado será entregado a partir del 8 de junio por la ANSES a las personas que hayan participado del relevamiento, que funcionará como un mapa. Sin embargo, desde el 1 de junio se realizará una prueba piloto en los municipios de Vicente López, Lomas de Zamora y Corrientes capital.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, aunque el estudio se encuentra en proceso, desde septiembre del año pasado ya fueron visitadas 3.725 villas o asentamientos de los 4.100 que hay en el país, y se identificó la situación de 402.114 familias y 1.340.272 personas.
"No existía un relevamiento barrio por barrio en todo el país, yendo a cada uno de esos lugares con 7.000 relevadores para trazar un límite y decir 'esto es villa y esto no lo es'. Se confeccionó el polígono en donde están ubicadas y se utilizaron softwares de geolocalización para identificar cada casa", detallaron a Infobae en Casa Rosada.
Para los funcionarios de Desarrollo Social, "lo más importante es el proceso de reconocer la realidad para transformarla, porque antes estaba como escondido, y ahora se empezó a decir la verdad para construir como se hizo con los datos del INDEC, las mediciones de la pobreza y el resultado de la prueba Aprender. Esto sirve para elaborar políticas públicas".
La entrega de los certificados de viviendas tendrá lugar en el marco de una creciente demanda social y en un año electoral. Es más, el Gobierno advirtió en las últimas horas que la CTA y diversas organizaciones sociales planean llevar a las calles los reclamos por la creación de nuevos planes sociales a un mes del cierre de las listas de candidatos. Para una calificada fuente del Ejecutivo, con acceso directo al presidente Mauricio Macri, "no hay una contraprestación en lo que hacemos; no estamos diciendo 'te doy el certificado pero no me cortes la calle'. No lo queremos utilizar como una herramienta política. Hasta hoy, no existían registros de cuántos asentamientos hay en la Argentina".
DATOS DEL RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES
* Hasta diciembre de 2016, se registraron 4.100 villas en todo el país. Sumadas cubren una superficie de 330 kilómetros cuadrados, más grande que la ciudad de Buenos Aires.
* Más de la mitad de los asentamientos (2.275) nacieron antes del 2000, mientras que 749, casi un cuarto del total, son posteriores a 2010.
* De 1.340.272 personas relevadas, el 38% son niños o jóvenes de hasta 20 años, y el 3% son mayores de 65 años.
* Se realizó un mapeo digital de cada villa. En el Gobierno reconocieron la dificultad para realizar este trabajo sin la ayuda de las organizaciones sociales. Cerca de 7.000 relevadores de las ONG recorrieron cada casa durante casi un año.
* Se denomina "barrio popular" a los barrios donde viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica o cloacas.
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