A través de sus abogados, Julio De Vido le respondió a Elisa Carrió

La diputada Elisa Carrió se refirió el último sábado a la causa Odebrecht. Denunció la existencia de "un lobby de toda la clase política" para "proteger" al ex funcionario kirchnerista Julio De Vido, pero despegó de esa supuesta protección a Mauricio Macri y a Gustavo Arribas.

Carrió criticó a "todo el sistema político y judicial" porque consideró que "está destinado a proteger a Julio de Vido". "¿Por qué cuidan tanto todos a De Vido?", se preguntó la diputada, y continuó: "Porque De Vido puede hablar y si habla puede comprometer a todos. Incluso a personas del Gobierno".

Este lunes, Julio Virgolini y Adrián Maloneay, abogados del ex ministro de Planificación, emitieron un comunicado en el que defendieron al ex funcionario y aseguraron que era necesario "formular algunas aclaraciones sobre los dichos de la diputada Elisa Carrió". La acusaron de emitir "opiniones intolerables" sobre "la necesidad de que se produzca su detención en el marco de los juicios que enfrenta".

Los abogados desarrollaron 7 puntos en los que defienden al ex funcionario y aclaran su situación judicial:

1. Es absolutamente falso que existen 135 causas en contra de nuestro cliente. Julio De Vido enfrenta cuestionamientos o revisiones judiciales de sus actos como ministro y se defiende con nuestra única asistencia legal en nueve causas que se encuentran en trámite ante el fuero federal. Tal circunstancia desmiente no solo la propaganda de la existencia de cientos de causas en su contra, sino también, que lejos está de recibir algún tipo de protección en contra de una persecución judicial que se encuentra totalmente vigente y de la cual es objeto nada más y nada menos que en nueve causas.

2. Que a pesar de considerar falsas, excesivas, injustas o provenientes de operaciones políticas las imputaciones en su contra, nuestro cliente ha observado una rigurosa e incuestionable conducta procesal: ha concurrido puntualmente a todas las citaciones que recibiera, ha formulado todas las explicaciones pertinentes con relación a cada uno de los nueve procesos a los que fuera convocado, ha presentado documentación y peticionado pruebas dirigidas a demostrar su ajenidad o falta de relación con las presuntas irregularidades que se le han atribuido o que se investigan, ha señalado eficazmente la ausencia de pruebas directas que lo vinculen con hecho delictivo alguno, y ha reclamado pruebas enderezadas a demostrar la corrección de su comportamiento funcional.

3. Nunca ha opuesto reparo alguno a las investigaciones en curso, a las que han acudido proporcionando informaciones y documentación útil para el esclarecimiento de los hechos; en consecuencia, nunca se le atribuyó acto alguno de elusión de los procedimientos judiciales ni propósito alguno de obstaculizar la justicia, que son los únicos que pueden determinar la privación de libertad de un ciudadano, en un todo de acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes.

4. En ninguno de los procesos en los que ha sido convocado se le atribuye haber recibido sobornos o pagos; ni se han presentado testigos de Argentina, Brasil o de cualquier otro país, que digan que recibió coimas. Las cuatro causas en las que se encuentra en situación de procesado (no culpable), versan sobre comportamientos funcionales propios del desempeño de su cargo de Ministro y, en general, sobre el conocimiento que pudo o no haber tenido sobre la sospecha de comportamientos disfuncionales de otros funcionarios o en cuestiones de suma complejidad, que están lejos de haber sido completamente investigadas o aclaradas.

5. Como sus abogados, somos testigos directos de que, en casi todos los expedientes y de manera uniforme, los distintos jueces de las causas han coincidido en negarle la posibilidad de producir las pruebas que peticionó, o se las han denegado de modo invariable e inmotivado, o no han dado respuesta alguna a sus argumentos. Ello muestra a las claras lo lejos que está de tener o suponer algún tipo de protección. Esto sólo acredita, en cambio, la violación reiterada de la defensa en juicio.

6. Si la Diputada Carrio o alguna otra persona tiene información para aportar en relación a los hechos que se investigan, que haga inmediatamente la denuncia ante la justicia, pues tiene obligación legal de hacerlo y responsabilidad pública. Las denuncias no se hacen en la televisión.

7. Las causas iniciadas hoy contra De Vido no constituyen siquiera irregularidades administrativas.