Apenas estalló el escándalo, en mayo de 2011, el gobierno de Cristina Kirchner se encargó de proteger a la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, una aliada incondicional del kirchnerismo. Para el ex juez Norberto Oyarbide fue intocable. Manejado a control remoto desde la Casa Rosada, el entonces magistrado la citó sólo como testigo y aceptó a la Fundación como querellante.
La protección a Bonafini incluyó a su hija, María Alejandra, quien nunca pudo explicar una serie de operaciones inmobiliarias. La más sospechosa es la compra de un semipiso, en la avenida 44 de La Plata. Lo adquirió sin un crédito y luego se lo vendió a la empresa Meldorek. Sergio Schoklender declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe.
En agosto del año pasado, el juez Marcelo Martínez De Giorgi sorprendió cuando incluyó a Bonafini en el listado de indagatorias. Y luego llegó a pedir su detención porque se negaba a declarar.
La reacción de la militancia kirchnerista, que llenó la Plaza de Mayo e impidió el ingreso de la Policía a la Fundación, modificó abruptamente los planes del magistrado. La declaración, en realidad fue un trámite, finalmente se hizo en la cocina de la Fundación. Tal como quería Bonafini.
Para ese entonces, la titular de las Madres ya había descargado su furia verbal contra el juez. "Ordené la indagatoria de la Bonafini constructora de viviendas, no de la defensora de los derechos humanos", tuvo que salir a aclarar el magistrado. Pero fue una derrota a medias.
Martínez De Giorgi procesó ahora a Bonafini por el mismo delito que fueron acusados los hermanos Schoklender, y le embargó los bienes hasta 250 millones de pesos. ¿Cuáles son los argumentos?
El juez sostuvo que Bonafini aprobó y suscribió los balances de la Fundación en su condición de Presidenta. También aprobó la utilización de una cuenta bancaria de Pablo Schoklender en el Banco Credicoop, una de las vías utilizadas para desviar los fondos públicos.
Para el juez, Bonafini tuvo un rol clave en la Fundación, pese a sus dichos. “Su edad nunca representó un impedimento para participar activamente en todas las decisiones de la Fundación, así como también que su participación en la institución excedió notablemente el rol meramente social que describiera en su descargo”, dice el fallo.
El juez concluyó que Bonafini “conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la FMPM que ella misma había instituido, y que, en tal sentido, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa “Meldorek SA” de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación”. Estamos hablando de la empresa de Sergio Schoklender, el hombre que comandó los destinos de la Fundación con el aval de Bonafini.
El fallo, sin embargo, no aborda el rol de la titular de las Madres en el manejo sospechoso de una cuenta bancaria abierta en el banco español Caja de Ahorro de Asturias (Cajastur), que recibió transferencias millonarias hasta 2008 y llegó a tener un saldo de 125.018 euros.
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