Paso a paso, cómo operaba la banda de policías cuya conducción le imputan a Potocar

El juez de instrucción Ricardo Farías procesó con prisión preventiva al comisario José Pedro Potocar, suspendido Jefe de la Policía de la Ciudad. El magistrado le imputa ser jefe de una asociación o banda destinada a cometer delitos, entre los que se destacan la recaudación ilegal de dinero.

Esta actividad -según la acusación- sería organizada por Susana Amalia Aveni -jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal- y Norberto Villarreal, a cargo de la Comisaría 35a. desde enero de 2016 hasta que finalizó su función en esa dependencia. Habrían contado con la complicidad y colaboración de Marcelo Stefanetti, Hernán Kovacevich y Alberto Codaro -sub jefes de la comisaría- y los subordinados Malfetano, Otero, Ríos y Quiroga. Los beneficios de la actividad delictiva de la organización llegarían hasta quien hoy es la máxima autoridad policial, aunque esté suspendido en sus funciones.

El juez Farías explicó que en la banda había una marcada división de tareas por medio de las cuales se habrían cometido -desde enero de 2016- distintos delitos con el objetivo de enriquecerse en forma ilegal.

Sergio Ríos y Marciano Quiroga eran los responsables de recaudar el dinero semanalmente entre los comercios de Nuñez y Saavedra, cuyo monto era de entre $2 mil $3 mil por cada local. Luego iban a la comisaría y le rendían cuentas al comisario Villarreal y a los subjefes Stefanetti, Kovacevich y Codaro, quienes a su vez hacían lo mismo con Aveni y Potocar. A algunos comercios, como la casa de ropa y artículos deportivos de Cabildo y Correa, le llegaron a pedir $25.000, según la investigación.

La maniobra consistía en asignar de manera ilegal y sin la autorización de la División Servicios de Prevención Especial y Adicional de la Policía Federal un efectivo a cada comercio que había aportado dinero a cambio de seguridad. Entre los locales comerciales a los que se les pedía dinero hay gimnasios, supermercados y restaurantes hasta albergues transitorios.

Los otros integrantes de la organización, Malfetano y Otero, en la imputación se los identifica como los responsables de recaudar dinero de los "trapitos" que operan en la zona donde tiene competencia la comisaría a cambio de seguridad y bajo amenaza de confeccionarle infracciones contravencionales en caso de no pagar el "canon" exigido por los policías.

El cúmulo de pruebas aportadas a la causa es abundante y variopinto. El juez estimó que existen elementos suficientes para presumir fundadamente que Potocar debe ser considerado responsable penalmente del hecho por el que está siendo investigado y por el cual fue indagado. En los allanamientos que se realizaron en la comisaría se secuestraron varias computadoras, una notebook, cuadernos con anotaciones manuscritas, hojas sueltas con anotaciones varias y dinero en efectivo, en pesos y en dólares.

También se hicieron procedimientos en los locales mencionados en la denuncia donde se incautó gran cantidad de recibos de la "Asociación Amigos de la Comisaría 35a. de la PFA" y soportes informáticos con datos contables que aún están en las oficinas de la Gendarmería a la espera de los resultados de las pericias ordenadas por el juez.

Una funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ) prestó declaración testimonial y explicó que la mencionada Asociación se encuentra en una situación irregular ya que no presentó balances y no informó el cambio de autoridades.

Uno de los denunciantes declaró que un efectivo de la brigada de la Comisaría 35a. le comentó que se encontraba severamente presionado y amenazado por parte de sus compañeros y de las autoridades de la seccional para "recaudar" ilegalmente dinero de los comerciantes y "trapitos". Agregó que el policía le contó que la recaudación se basaba principalmente en lo que los comerciantes entregaban a cambio de seguridad y que no sólo era para el jefe de la comisaría sino que el producto de esa actividad ilícita llegaba hasta el mismo Jefe de la Policía Federal. El efectivo de la brigada declaró luego en la causa y ratificó los dichos del denunciante. Este policía aportó un video en el que se observa a una persona que sería el comisario Villarreal organizando con sus subordinados la distribución de los "trapitos" a quienes le cobraban 500 pesos por semana.

Un "trapito" que declaró como testigo relató que trabaja desde hace 23 años como "cuidacoches" en la esquina de Libertador y Crisólogo Larralde y que nunca le habían pedido dinero, pero que a partir de la llegada del nuevo comisario, un hombre que se presentó como miembro de la brigada, le dijo que tenía que "colaborar" con $500 a cambio de que lo dejasen trabajar tranquilo. Los testimonios que dan cuenta de hechos similares se multiplican en el expediente.

El juez Ricardo Farías procesó con prisión preventiva a Potocar por considerar que puede entorpecer la investigación y le trabó un embargo por 450.000 pesos. La defensa del suspendido Jefe de la Policía de la Ciudad tiene tres días para interponer el recurso de apelación a fin de solicitarle a la Cámara que revoque el procesamiento.