Los aviones de Lázaro Báez se podrían sumar a la flota del Estado para combatir el narcotráfico

Los aviones de la empresa Top Air que utilizaba el -hoy detenido- empresario kirchnerista Lázaro Báez para moverse entre Santa Cruz y Buenos Aires podrían tener nuevo destino: engrosar la flota aérea del Estado nacional para combatir al narcotráfico.

Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello, que investiga la denominada "ruta del dinero K", en sintonía con otra resolución en donde se resolvió encomendar a la Dirección Nacional de Vialidad la utilización de los bienes de Báez como tractores, retroexcavadoras, volcadoras, camiones y camionetas. La Sala II de la Cámara Federal ratificó estas medidas.

De acuerdo con lo que consignó Clarín, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya solicitó tener la guarda judicial de los aviones, que permanecen guardados en los hangares del aeropuerto de San Fernando.

Entre los argumentos de la medida dispuesta por Casanello se justifica que el embargo de los bienes tiene por finalidad que pudieran constitutir "el provecho de un delito". En este sentido, los jueces de la Sala II, Eduardo Farah y Martín Irurzun, plantearon la necesidad de que "se adopten todas las medidas de conservación y resguardo aprobadas, que incluye evaluar la posibilidad de disponer su utilización para un fin social".

La misma Sala II de la Cámara Federal había confirmado en septiembre de 2016 millonarios embargos a inmuebles y la inhibición general de bienes de empresas vinculadas a Báez que había dispuesto Casanello. Se trata de 80 inmuebles de propiedad del empresario, así como la inhibición general de bienes sobre una veintena de firmas vinculadas a él, ante las sospechas de que a través de ellas se hubiera canalizado dinero surgido de ilícitos.

Con relación al destino de las maquinarias de Austral Construcciones, se utilizarán para reforzar el "Operativo Invernal" que presta auxilio a las provincias de la Patagonia para garantizar la transitabilidad de las rutas nacionales y los pasos fronterizos, "buscando como resultado la seguridad vial y la reducción en tiempo del cierre de los traslados viales por problemas climáticos y peligros naturales", señalaron los jueces de la Sala II.

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