El fiscal Jorge Di Lello imputó al ministro de Finanzas Luis Caputo, y a otros funcionarios del gobierno nacional para que se investigue dos operaciones con acciones y bonos que realizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se nutre de dinero del sistema previsional.
El caso se inició por una denuncia del diputado por el Frente para la Victoria (FPV) Rodolfo Tailhade y está en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio.
Di Lello imputó a los integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino: Luis Andrés Caputo actual ministro de Finanzas de la Nación; Pedro Lacoste, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo; Gustavo Marconato, secretario de Hacienda; Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSES y Luis María Blaquier, quien fuera director del FGS.
La imputación de Di Lello es por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública.
Para el fiscal se debe investigar si hubo delito en la compra que hizo el FGS de un bono en dólares emitido por la Provincia de Córdoba y en la venta de títulos públicos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. La denuncia asegura que el bono comprado tenía menos rendimiento que el vendido por lo tanto el Estado habría perdido unos 75 millones de dólares. También se denunció y Di Lello impulsó su investigación, que Blaquier, al ofrecer el bono en venta a varios bancos (Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y HSBC) podría haber favorecido a gente de su conocimiento. Blaquier, señala la denuncia, había trabajado en Goldman Sachs y Caputo en el Deutsche Bank y en JP Morgan.
Di Lello impulsó también la investigación del segundo hecho denunciado por el diputado kirchnerista. El fiscal considera que debe investigarse si la venta de acciones en poder del FGS de la firma Indupa luego de que esa empresa fuera comprada por una compañía brasileña, fue perjudicial para el Estado. En el FGS también están las acciones de empresas privadas que pasaron a manos del Estado cuando se estatizaron los activos que estaban en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones(AFJP) .
Según los cálculos del denunciante el Estado perdió unos 20 millones de pesos en la venta de las acciones de Indupa que realizó una oferta pública de acciones.
El fiscal pidió una serie de medidas para que avance la investigación que tiene a uno de los ministros del gabinete nacional como imputado.
A este expediente, en manos de Bonadio, se le suma una presentación hecha por la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, quien denunció al presidente, Mauricio Macri, y a un listado similar al de los funcionarios imputados por Di Lello, por la venta de las acciones de Petrobrás que estaban en poder del FGS.
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