Diputados aprobó el proyecto que frena el 2x1 a represores

El fallo de la Corte Suprema que benefició a un detenido por delitos de lesa humanidad con el 2×1 caló hondo en la opinión pública y en la dirigencia política, a tal punto que la Cámara de Diputados se desvió de la sesión que estaba convocada por otros temas para introducir una cuestión de privilegio e insertar la polémica en torno a la decisión del máximo tribunal.

El oficialismo y la oposición consensuaron una iniciativa que frene la aplicación del "2×1" en detenidos por crímenes de lesa humanidad. La cámara baja la aprobó cerca de las 23 con 211 votos afirmativos y uno negativo. Se espera que este miércoles el Senado sesione para darle sanción definitiva.

Los siete proyectos fueron presentados por Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Pablo Tonelli, Daniel Lipovtezky (Pro), Remo Carlotto y Héctor Recalde (FpV-PJ).

Donda fue quien pidió alejarse de temario y debatir estos proyectos. Todos los bloques estuvieron de acuerdo: "Es uno de los fallos más vergonzosos de la Corte. Tenemos que dar un mensaje claro y contundente: en este país, la Cámara de Diputados le dice a la Justicia que no vamos a renunciar a la Memoria, la Verdad y la Justicia", manifestó la diputada.

Por otro lado, el diputado del bloque Justicialista Pablo Kosiner presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que declare inválido el fallo. Para hacerlo, se amparo en la Ley 27.156, sancionada en 2015, que prevé específicamente la sanción de nulidad absoluta e insanable para cualquier acto que conceda libertades prematuras a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.

La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y representantes de Madres de Plaza de Mayo estuvieron presentes en el recinto. Se sentaron a un costado a la izquierda de la presidencia, donde habitualmente se ubican los asesores de los diputados.

"Esto que estamos discutiendo tiene nombres, apellidos y caras que están presentes en el recinto. Estela Carlotto, están las Madres de Plaza de Mayo, pedimos un aplauso", expresó Victoria Donda (Libres del Sur) al anunciar la presencia de las representantes de organizaciones de desaparecidos.

La causa también tiene su tratamiento en la Justicia. El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se abra una causa judicial contra los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes con su voto avalaron que se aplicara el cómputo del 2×1 para beneficiar a Luis Muiña, un militar condenado por crímenes de lesa humanidad.

El pronunciamiento surgió a raíz de una denuncia del abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli, quien denunció a los magistrados por "prevaricato".

"Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar", argumentó Marijuán en su dictamen, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

Debate

El diputado nacional por el Peronismo para la Victoria, Remo Carlotto, afirmó que es "absolutamente inaceptable" el fallo de la Corte Suprema y enfatizó: "Estamos hablando de los crímenes mas aberrantes cometidos en la era contemporánea Argentina. Es absolutamente inaceptable, nos ofende desde todos los ordenes. Tenemos que afirmarnos para que ni un solo genocida esté en la calle, y que paguen hasta el último día de su condena".

"Vemos este momento como un momento de enorme preocupación. No podemos dejar de ver este pronunciamiento, que va en contrario de los pronunciamientos que de hace más de hace 12 años viene teniendo la Corte Suprema de Justicia en materia de crímenes de lesa humanidad, como parte de algo que está sucediendo en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2015″, sentenció.

Por su parte, Pablo Tonelli, del PRO, afirmó que "no es arbitrario y disparatado" el fallo aunque aclarò que "el resultado no nos satisface".

"Las personas que cometieron los crímenes más aberrantes se vean beneficiados (por el 2×1) no nos parece bien, no nos gusta, no nos satisface", insistió.

Al respecto, agregó: "La ley está derogada pero se sigue aplicando. La solución consiste en sancionar una norma que constituya una interpretación auténtica de la ley para que los tribunales la apliquen".

Héctor Recalde, jefe del bloque del FpV-PJ, fue muy crítico con el gobierno nacional por su interpretación del fallo y aseguró: "Aunque el gorila se vista de seda, gorila queda".

Recalde sostuvo que, a pesar del repudio que expresaron algunos funcionarios como el ministro de Justicia Germán Garavano y el jefe de Gabinete Marcos Peña, "la verdadera interpretación la dio el secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) cuando en su primera manifestación dijo que el fallo era bueno".

Uno de los discursos más aplaudidos fue el de Juan Cabandié, del FpV-PJ e hijo de desaparecidos. También rechazó la posición del Gobierno con respecto a los derechos humanos y consideró el fallo de la Corte "un retroceso de la calidad democrática".

"¿Quién fue el instigador para que la Corte Suprema crea que tiene licencia para este tipo de fallos. El mismo gobierno fue el que generó las condiciones para que suceda", acusó el diputado.

Y completó: "Van a caminar libremente por las calles aquellos que hicieron desaparecer, aquellos que torturaron, violaron, mutilaron. Es increíble que varios funcionarios nacionales, como el propio ministro de Derechos Humanos (Claudio Avruj), haya estado de acuerdo con ese fallo".