El fiscal Juan Pedro Zoni deberá comparecer el próximo 1° de junio ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. En esa audiencia deberá explicar por qué si se postuló para ser fiscal en un departamento judicial está ejerciendo el cargo en otro.
El 22 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo Nacional designó por decreto a Juan Pedro Zoni -de Justicia Legítima- como fiscal ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero. Esa fiscalía se había creado a través de una ley que estableció además que quedaría habilitada una vez que se contara con la partida presupuestaria correspondiente. Dispuso también que los magistrados, funcionarios y empleados designados sólo podían tomar posesión de sus cargos una vez concretada la mencionada asignación financiera.
Zoni concursó para el cargo de fiscal en Santiago del Estero, sin embargo la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó ya tenía diseñado un derrotero distinto para él. El 29 de diciembre de 2014, desconociendo lo que dice la ley, Gils Carbó ordenó tomarle juramento a Zoni y lo destinó a la Fiscalía General n° 8, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. A finales de agosto de 2015, la Procuradora fue más allá y dispuso el traslado definitivo de Zoni a la Fiscalía 8, ya no como subrogante sino como titular. El fiscal Juan Pedro Zoni estaba desempeñándose en un cargo en un lugar para el que no se había postulado. Comenzaba a ocupar una función para la que la ley prevé un concurso público y la intervención de diferentes poderes del Estado. Nada de eso se respetó.
Como si se tratase de una misión para la que fue designado, el mismo día en que fue confirmado por Gils Carbó en la Fiscalía n° 8, Zoni pidió que sean llamadas a indagatoria Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman a las que acusaba de lavado de dinero. También le solicitó al juez de la causa que les trabase un embargo de 80 millones de pesos sobre sus bienes, congelamiento de activos y otras medidas cautelares. En aquel momento, los abogados de las mujeres solicitaron la nulidad del llamado a indagatoria porque se había utilizado en forma ilegal e indebida información aportada por la Unidad de Información Financiera. La información brindada por este organismo es confidencial y sólo puede ser utilizada con fines de inteligencia, no pudiendo servir como evidencia o prueba en un proceso penal. Zoni había utilizado información reservada y confidencial para tratar de fundamentar el llamado a indagatoria y decretar los embargos contra Garfunkel y Nisman.
La trayectoria del fiscal Zoni incluye también un dictamen en el que pidió el sobreseimiento de Carlos Gonella y Oscar Orsi, imputados por no investigar a Lázaro Báez en la causa por la ruta del dinero K. En ese expediente, Gonella y Orsi no propusieron la producción de ninguna prueba que pudiera involucrar al empresario kirchnerista y direccionaron la pesquisa hacia Leonardo Fariña y Federico Elaskar. A pesar de todo el cúmulo probatorio que comprometía a Gonella y Orsi, el fiscal Zoni pidió que fuesen sobreseídos. Ese dictamen fue anulado por el juez Martínez de Giorgi, quien procesó a los ex titulares de la Procelac. Zoni, junto con los defensores de Gonella y Orsi, apelaron ese fallo mientras que el Fiscal General ante la Cámara, Germán Moldes, desistió del recurso con un dictamen en el que cuestionó severamente al fiscal de Justicia Legítima.
La Cámara confirmó la nulidad del dictamen de Zoni por considerar que no estaba suficientemente fundado. Los magistrados sostuvieron que "carece de sustento porque se respalda en una selección parcial de pruebas". Para los camaristas, el fiscal Zoni sólo tuvo en cuenta las medidas probatorias propuestas por la defensa de Gonella y Orsi sin cotejarlas con el resto que habían servido para justificar el procesamiento. En esta causa, Zoni tuvo que reconocer que una de las líneas telefónicas que se estaban investigando le pertenecía y a través de ella había mantenido varias comunicaciones con Gonella, uno de los imputados.
En menos de un mes, el fiscal Juan Pedro Zoni deberá concurrir al Congreso para explicar los motivos por los que pese a que había concursado para un cargo en Santiago del Estero hoy cumple funciones en una fiscalía en Comodoro Py en la que fue designado "a dedo" por Gils Carbó.