
La Cámara Federal confirmó este miércoles el cierre de una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por la presunta fijación de un precio del dólar inferior al de mercado a través de la emisión de Lebac y de emisión de deuda pública.
"Resulta claro que las cuestiones cuya investigación se ha propuesto se vinculan con decisiones de política económica que no llevan, siquiera en hipótesis, trascendencia jurídico penal por haber sido tomadas por las autoridades nacionales dentro del marco legal que rige su actuación", señalaron los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah y Martín Irurzun.
Macri, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, y el por entonces de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, fueron denunciados por diputados del Frente para la Victoria por un presunto perjuicio al Estado de 200 millones de pesos por la fijación de un precio del dólar inferior al del mercado.
Los legisladores señalaron que el caso es similar al del dólar futuro, por el que la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del BCRA Alejando Vanoli, entre otros ex funcionarios, fueron enviados a juicio oral por establecer un valor de la moneda extranjera por fuera del precio del mercado. Los legisladores razonaron que si un caso se consideró delictivo, el otro también lo era.
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a Macri, Sturzenegger y Prat-Gay y abrió una investigación penal. Ochoa señaló que la propia Sala II había dicho en la causa de dólar futuro que el BCRA tiene facultades para actuar en la operatoria de títulos públicos pero con algunas limitaciones y "su intervención debe ser a precio de mercado", si no, podría afectar las cuentas públicas.
Pero el juez federal Daniel Rafecas tuvo otro criterio. El magistrado desestimó la denuncia porque señaló que se trató de una decisión de política económica del Gobierno y por lo tanto son "cuestiones políticas no judiciables".
Ochoa apeló la decisión y su postura también fue compartida por el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, quien pidió que se reabra la causa. También lo hicieron los diputados kirchneristas, pero como no se presentaron a la audiencia, la Cámara dio por desistida la apelación. Solo lo hizo el diputado Roldolfo Tailhade pero el tribunal no lo aceptó como querellante y tampoco trató sus argumentos para que el caso se investigue.
Por su parte, las defensas de Macri, Sturzenegger y Prat-Gay le pidieron a la Cámara que confirme el cierre de la causa.
El caso quedó en manos de los mismos jueces que confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner y el resto de los imputados en la causa de dolar futuro.
Farah e Irurzun dijeron que "las similitudes no son tales" entre el caso denunciado y el del dólar futuro porque se aplicó de manera distinta el artículo 18 de la Carta Orgánica del BCRA que establece que "el banco podrá: a) comprar y vender a precios de mercados, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia".
En el caso de dólar futuro, explicaron los jueces, se "investiga la eventual responsabilidad de diversos ex funcionarios públicos por haber actuado contrariando la norma precedentemente citada" y en la denuncia contra Macri "no se individualizó ni el mercado ni su supuesto valor dispar, con lo cual no hay posibilidad de sostener, siquiera conjeturalmente, la pretendida afectación a las previsiones del citado articulo 18".
Así, los magistrados señalaron que "las autoridades actuaron dentro de los límites impuestos por las normas que regulan la actividad de la entidad bancaria".
"La denuncia no logra trasponer aquel umbral para señalar la conducta ilícita concreta cuya investigación se propicia sino que sólo abunda en consideraciones vinculadas al desacierto de la política económica escogida por las autoridades y las herramientas utilizadas para regular el valor de la divisa extranjera", concluyeron los camaristas que dieron por cerrada la denuncia.
El fiscal Moldes puede apelar la decisión para que sea revisada por una nueva instancia en la la Cámara Federal de Casación Penal.
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