La Justicia ordenó varios allanamientos por la sospechosa compra de un edificio de la Procuración

El juez federal Julián Ercolini ordenó este miércoles a la mañana que se realizaran varios procedimientos judiciales relacionados con la investigación del pago de comisiones en la compra del edificio central de la Procuración General de la Nación en la calle Perón 667.

La Policía Federal se dirigió al mediodía hacia varias dependencias de la Procuración que dirige Alejandra Gils Carbó, para entregar órdenes de presentación con allanamiento en subsidio y obtener documentación relacionada con el caso de la compra del edificio que costó $43.850.000.

Tal como reveló Infobae el sábado, en esa operación se pagaron comisiones por 7,7 millones de pesos. Las pagó Arfinsa, la empresa del Grupo Bemberg que vendió el inmueble. Y las cobraron la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados y un productor de seguros de La Plata, Juan Carlos Thill. Thill, es hermano de Guillermo Bellingi quien como subdirector general de la Procuración tuvo activa participación en el proceso licitatorio por el que se terminó comprando el edificio.

Thill cobró 3 millones de pesos por asesorar a la inmobiliaria que a su vez asesoró a Arfinsa. Las comisiones fueron pagadas con cheques contra facturas previa firma de contratos. Los contratos entre asesores se firmaron con anterioridad a que se supiera públicamente que la Procuración había llamado a licitación para la compra de un nuevo edificio. Tenían información calificada proveniente de la Procuración.

Ercolini, a cargo de la causa judicial, delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano quien pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF) determine cuál fue la ruta del dinero que se pagó como comisiones.

Ercolini envió a la Federal a varias oficinas de la Procuración General para obtener pruebas relacionadas con la licitación y con Bellingi. Por eso se determinó que los policías fueran a la Dirección de Nuevas Tecnologías de la Procuración y al Área de Cómputos para conseguir respaldos digitales de los correos electrónicos de los involucrados en la compra del edificio.

También se dispuso un operativo en la sede de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) donde revistaba Bellingi hasta que el lunes -luego de la revelación de Infobae- Gils Carbó lo apartara de su cargo y ordenara la realización de un sumario interno.

Según fuentes de la investigación, en la que Gils Carbó está imputada, se ordenó un procedimiento similar en la Secretaría General de Administración de la Procuración.

Pero no solo termina allí: Ercolini ordenó que debe ser allanada la casa de Thill en Los Hornos, La Plata y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Entre ambos se repartieron los 7,7 millones de pesos que pagó Arfinsa, la empresa que vendió el edificio al que se mudó, entre otras, la principal oficina de la Procuración General de la Nación.