
El 1° de marzo pasado, cuando el presidente Mauricio Macri habló ante la Asamblea Legislativa, se conoció que había sido imputado por el fiscal Jorge Di Lello en la causa en la que, entre otras cosas, se investiga el otorgamiento de permisos para volar a líneas aéreas low cost.
Di Lello había impulsado la investigación contra Macri, su padre Franco, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, otros funcionarios y los integrantes de las sociedades involucradas en la causa. El caso que más complica a la familia presidencial, según la hipótesis denunciada, es el de la firma Avian-Avianca, que compró la línea aérea Mac Air que era propiedad del conglomerado empresarial de los Macri. Esa nueva compañía se postuló para conseguir rutas aéreas.
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En la causa a cargo del juez federal Sergio Torres también se investiga si la firma Fly Bondi, que recibió rutas aéreas por parte del Gobierno actual, está relacionada con Quintana.
En esa causa, donde se analiza el negocio aéreo y su vinculación con funcionarios del macrismo, Torres determinó que se hicieran varias órdenes de presentación para conseguir documentación relacionada con el caso.
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La orden de presentación es una instancia previa al allanamiento. Torres les otorgó a los organismos oficiales a los que les requirió información cinco días para aportar al expediente. En cambio las empresas privadas deberán entregarla en el acto.
Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, se pidió que:
-La Inspección General de Justicia informe la composición societaria de Mac Air, y de otras firmas como Patagonia y Unicos Air, Fly Bondi y sus firmas vinculadas y controladas.
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-Que la firma Avian entregue copia del acuerdo entre Avian y Mac Air y el acuerdo de confidencialidad que habrían firmado, y que informe qué entidades bancarias intervinieron.
-Que el Organismo que controla los aeropuertos (ORSNA) envíe los trámites relacionados con el otorgamiento de hangares en el Aeroparque Jorge Newbery y la documentación que existiera referida al traslado de la Base Aérea Militar a Aeroparque. Ese mismo organismo debe informar si Lucas Werthein se desempeña o se ha desempeñado en ese organismo; qué funciones cumple; y si tuvo intervención en el trámite de los expedientes del otorgamiento de rutas aéreas o asignación de hangares a la empresa Fly Bondi.
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En esa causa se investiga también el reclamo que una empresa llamada Engage Aviation habría realizado en los tribunales de los Estados Unidos para reclamar un pago por un viaje hecho en avión en 2016 a Cartagena, Colombia por el presidente Macri. Esa firma, según lo trascendido de la demanda, también reclamaría pagos por la intermediación por gestiones hechas para la compra del avión presidencial.
Torres envió una orden de presentación también a la Cancillería para que diga si en Estados Unidos hay una demanda contra el Estado argentino por parte de la empresa Engage reclamando el pago de USD 764 mil por un viaje presidencial de septiembre de 2016 a Colombia. Si existiera, la Cancillería debe enviar una copia certificada de la demanda y quienes estuvieran involucrados.
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Una orden de presentación similar fue enviada a la Coordinación de Asuntos Presidenciales de la Presidencia de la Nación si existe la demanda de la empresa Engage.
El juez también solicitó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) entregue los expedientes relacionados con la causa.
Según pudo confirmar Infobae, los procedimientos a cargo de la División Jurídico Contable de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina comenzaron pasado el mediodía.
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