El juez federal Claudio Bonadio firmó el procesamiento dictado contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por los negocios realizados a partir de la sociedad familiar Los Sauces, que se dedica al alquiler de propiedades. Esa sociedad se constituyó en 2008 y desde entonces adquirió varias propiedades, entre ellas la vivienda de la ex presidente en la calle Mascarello al 400 en Río Gallegos y otras, por ejemplo, en Puerto Madero. Además, Bonadio le impuso un embargo de $130 millones a la ex presidente y a otros de los procesados y les prohibió la salida del país a todos a quienes le dictó el procesamiento.
Los principales clientes de Los Sauces fueron firmas de los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez. Del total de los ingresos en concepto de alquileres de Los Sauces -en el período analizado en la causa- lo aportado por López y Báez superó el 80 por ciento.
Durante la investigación a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo, se hallaron numerosas irregularidades en la documentación contable de Los Sauces y se reveló un entramado y vinculación de nombres y sociedades que, según explican en Comodoro Py, determinaron -entre otras cosas- el procesamiento.
Las firmas comerciales bajo investigación fueron intervenidas por orden de Bonadio y a raíz de que se constatara en la causa una maraña de operaciones en las que se mezclaban todas las sociedades en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.
El flujo de dinero que entraba principalmente de parte de López y Báez -hoy detenido en la cárcel de Ezeiza- se movía entre las cuentas de "Los Sauces" y de la "Sucesión de Néstor Kirchner", la sociedad familiar conformada para administrar los bienes luego de la muerte del ex presidente sucedida en octubre de 2010.
Para el juez la ex presidente, junto al fallecido Néstor Kirchner y su hijo, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner –accionistas originales de Los Sauces-, eran los jefes de una asociación ilícita que utilizaba la sociedad Los Sauces para ingresar allí fondos en apariencia lícitos pero provenientes de negocios relacionados con el Estado.
Bonadio asegura que Florencia Kirchner, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, se incorporó a la jefatura de la asociación. También fueron procesados en el mismo carácter que los integrantes de la ex familia presidencial López, su socio Fabián De Sousa, Báez y Osvaldo "Bochi" Sanfelice, hombre de máxima confianza y conocimiento de los negocios de los Kirchner. Además en la misma categoría de los procesados se hallan Romina Mercado, sobrina de los Kirchner, el contador Víctor Manzanares y el escribano Ricardo Albornoz quienes intervinieron en diversos manejos relacionados con la sociedad centro de la investigación y otras relacionadas.
Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, los integrantes del primer grupo de procesados son organizadores de la asociación ilícita dedicada a apropiarse de dinero público, en principio, vía retornos del negocio del juego y la obra pública.
En otra condición también fueron procesados por Bonadio Norma Abuin, Marcelo Ludueña, Martín Báez, Leandro Báez, Luciana Báez, Emilio Martín, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Lisandro Donaire, Alejandra Jamielson y Oscar Leiva. Ellos fueron considerados integrantes de la asociación ilícita. Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, por lo tanto nadie será detenido.
En la última parte de la resolución firmada por Bonadio el juez determinó que el Caso Los Sauces debe sumarse a la investigación que tienen a cargo el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita en la que se analiza el negocio de la obra pública vial recibida por Báez y el Caso Hotesur. De este modo para Bonadio -porque existe conexidad subjetiva y objetiva-los casos deben ser acumulados.
Esto responde, explican en Tribunales, a la necesidad de que en un futuro juicio oral y público se analice y juzgue una matriz única de hechos protagonizada por las mismas personas.
Según fuentes judiciales, la resolución de Bonadio establece que la acumulación de causas debería darse una vez confirmado el procesamiento por parte de la Cámara Federal.
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