El tiempo apremia, y mucho más en vísperas de las elecciones, cruciales para el proyecto macrista. Así lo entendió María Eugenia Vidal: enfrascada en un conflicto docente que no avizora solución a la vista, la gobernadora prorrogará en los próximos días la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, que le permite acelerar los procesos de licitación y adjudicación de la obra pública a través de mecanismos de excepción. Un rubro que el Gobierno buscará exprimir durante la campaña electoral.
Así lo confiaron a Infobae altas fuentes de la Gobernación bonaerense, que aseguraron que Vidal firmará en los próximos días el decreto que le permite prorrogar un año más la ley 14.812, sancionada a fines de marzo del 2016 por la Legislatura bonaerense y promulgada el 20 de abril de ese año por la mandataria. "La declaración de emergencia tendrá una duración de un año, contado a partir de su entrada en vigencia, pudiendo ser este prorrogado por el Poder Ejecutivo por única vez y por igual término, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado", reza el artículo 1 de la norma, cuestionada en aquel momento por la oposición, en especial por el kirchnerismo. Vidal también había logrado imponer la emergencia administrativa.
Según explicaron en el entorno de la gobernadora, la continuación de la emergencia es clave para agilizar la obra pública en meses en los que el macrismo en su versión bonaerense apostará gran parte de su campaña a ese rubro, en especial en el Conurbano, donde el malhumor social crece en torno a las figuras de Mauricio Macri y de Vidal.
En ese sentido, y según publicó este medio el último fin de semana, Macri y la gobernadora volcarán más de 29.000 millones de pesos en obras en el Conurbano bonaerense repartidos en más de 1.100 obras. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires es de 8.680 millones de pesos, correspondientes a unas 325 obras.
La prórroga de la emergencia en infraestructura se da en paralelo a la discusión de la Ley de Obra Pública, que fue enviada por la mandataria el año pasado a la Legislatura y que se encuentra trabada por el calendario electoral y la parálisis del legislativo. El texto había obtenido despacho de comisión en Diputados y sufrido algunas modificaciones que, para colmo, no habían sido bien recibidas por el Ejecutivo.
"Sin la emergencia estaríamos complicados", se sinceraron desde el entorno de la gobernadora. Es que si bien en La Plata son optimistas por el avance de las obras hubo algunas que sin embargo se demoraron a pesar de la promulgación de la ley. Un ejemplo es el de la cuenca del Río Luján, con financiamiento externo.
La emergencia, cuya prórroga por otro año está a la firma de Vidal, autoriza a los funcionarios a la ejecución y contratación de bienes y servicios a través de vías de excepción, y los exceptúa a la publicación de los mismos en el Boletín Oficial bonaerense. Además, establece en solo 7 días hábiles la formulación de dictámenes por parte de los órganos de asesoramiento y control del Estado provincial: vencido ese plazo se considera que no hay objeciones. Y se faculta al ministro de Economía a reformular partidas presupuestarias.
"La declaratoria de emergencia permite evitar algunos de los procedimientos habituales que, más allá de estar justificados en cualquier contratación pública, suelen extender el inicio de una contratación. Con la emergencia aprobada, el pase de los expedientes por los organismos de asesoramiento y control (Asesoría, Contaduría y Fiscalía) se realizarán después de las contrataciones, permitiendo acortar todos los tiempos administrativos", habían festejado el año pasado desde la web del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, hoy a cargo de Roberto Gigante, tras la aprobación de la ley.
En tanto, el texto también dispone "la intervención de todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Provincial".
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