La Sala IV del máximo tribunal penal federal rechazó dos quejas de Julio De Vido y Lázaro Báez, en la causa en la que se investiga también a la ex presidente Cristina Kirchner de "montar una estructura" para direccionar obras públicas viales en favor del Grupo Austral, con el objetivo de favorecer al socio comercial y amigo de la familia de la ex mandataria.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el presidente del tribunal Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, no hizo lugar a dos quejas presentadas por Adrián Maloney, abogado defensor de Julio de Vido, y por Maximiliano Rusconi y Gabriela Palmeiro, letrados de Lázaro Báez.
La defensa del ex Ministro de Planificación y actual diputado nacional pretendía que la Cámara Federal de Casación Penal revisara el decisorio de la Cámara Federal de Apelaciones, que confirmó el rechazo a los planteos de excepción de falta de acción y de nulidad de los dictámenes fiscales y del llamado a prestar declaración indagatoria.
Al igual que su consorte de causa, la defensa del empresario Báez solicitaba que la Sala IV revisara el rechazo de la nulidad de los dictámenes fiscales del tribunal de alzada y el auto que convocó a declaración indagatoria al imputado.
En la investigación están procesadas un total de 12 personas, siendo la cabeza del presunto ilícito la ex jefa de Estado junto a Julio de Vido, Lázaro Báez, el ex administrador de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Carlos Kirchner, primo del fallecido mandatario y ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
Los cinco están acusados del delito de "asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada" y tienen un embargo de 10.000 millones de pesos. La imputación es por haber beneficiado durante el gobierno anterior a Báez, con la adjudicación de contratos de obra pública vial omitiendo controles sobre el avance de las obras y con beneficios en la cadena de pagos.
El pasado 1 de febrero, la ex presidente y el empresario Báez habían apelaron los procesamientos en su contra que dictó el juez federal Julián Ercolini. En su escrito, Cristina Kirchner negó la existencia de una asociación ilícita en el Poder Ejecutivo en torno a la obra pública: "No tuve ninguna participación en las licitaciones ordenadas por organismos provinciales", sostuvo afirmó, a la vez que criticó un informe de las actuales autoridades de Vialidad Nacional sobre el estado de avance de obra de las rutas, así como los fondos abonados a las empresas de Báez.
En la opinión de Ercolini, sin embargo, el material probatorio "permite demostrar que durante los años 2003 a 2015 los funcionarios mencionados intervinieron en el constante y regular aumento del presupuesto asignado a la DNV (Dirección Nacional de Vialidad), con el fin de beneficiar a las empresas del grupo de Báez por las obras contratadas en la provincia de Santa Cruz".
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