
En la provincia de los Kirchner la situación ya es caótica. Sigue el respirador automático y esta mañana los gremios docentes tomaron, por segunda vez en menos de un año -la primera de 2017-, las instalaciones del ministerio de Economía, exigiendo el pago de sueldos. Los judiciales hacen propio en la sede del Tribunal Superior de Justicia.
En Santa Cruz ya el reclamo no pasa por un aumento salarial, la protesta se centra en la falta de respuesta del gobierno de Alicia Kirchner y el pago incierto de los salarios. Recién esta semana se terminará de cumplir con el cronograma del depósito para los jubilados -ya atrasado- y todavía no hay fecha cierta de pago para activos y el resto de los trabajadores estatales.
Los gremios judiciales ya manifestaron su enojo y dieron un último aviso al Ejecutivo, antes de iniciar medidas de fuerza. El pago de los haberes judiciales es responsabilidad de la provincia, pero es ejecutado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, de conocida llegada al Frente para la Victoria. Algunos empleados públicos sólo recibieron una pequeña porción de su sueldo.
En medio de este escenario de conflicto, Kirchner reglamentó el decreto que firmó hace poco más de un mes para la habilitación de contratación de asesores por parte de los ministros y secretarios del Ejecutivo, algo que para la oposición es una suerte de aumento de sueldo encubierto. La primera designación ya se ejecutó con un salario de 20 mil pesos. La Mesa de Unidad Sindical ya manifestó su disconformidad y exige explicaciones ante la falta de criterio: la provincia está quebrada, pero se sigue ampliando el organigrama de la política oficial.

Por las redes sociales ya es conocido el desencanto social, que ya trasciende los colores partidarios: más del 55% de la población santacruceña depende de un sueldo estatal. El restante depende mayoritariamente del movimiento económico de los trabajadores públicos. Sin identificación partidaria, se está convocando a un "bocinazo" en contra de la gestión de la cuñada de la ex presidenta, Cristina Kirchner, para este viernes a las 18, en la la avenida Ex Roca y San Martín.
Para intentar de calmar los ánimos, Alicia convocó a los gremios docentes a una "mesa de trabajo", pero ADOSAC, el principal gremio, exige que el diálogo incluya una propuesta de solución para empezar a hablar.
El futuro es incierto y el abanico de problemas es grande. A las demoras con el pago se suma la cobertura, cada vez más acotada, de la obra social provincial. A comienzos de mes, una aseguradora privada denunció que la Caja de Previsión Social no paga los seguros de vida de los jubilados desde julio de 2016. La agrupación que funciona como vocería de los pasivos, "Jubilados Unidos", solicitó respuestas concretas a ambos puntos pero hasta hoy no las obtuvieron.
El diputado provincial de Cambiemos, Sergio Bucci, sentenció que "el gobierno de Santa Cruz no está en condiciones de garantizar la educación pública, generando la desigualdad social más grande de la historia de la provincia".
En las últimas semanas renunció Roberto Borselli, presidente del Consejo de Educación -la suerte de ministerio de Educación- y un histórico del kirchnerismo. Pese a tener la educación paralizada, Alicia no nombró a su sucesor.
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