El ministro de Justicia, Germán Garavano, reiteró este sábado sus críticas contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y contra fiscales que integran la agrupación kirchnerista Justicia Legítima al denunciar que trabajan en la "defensa de los casos de corrupción" y promueven una acción "política".
El ministro remarcó que existe un "sector kirchnerista que denuncia cualquier cosa" contra el gobierno nacional. "Obviamente muchas de esas causas llegan a fiscales serios, otras a fiscales embanderados en Justicia Legítima y con el kirchnerismo, y son los que promueven esta acción que más que judicial es claramente política", amplió.
Garavano reiteró sus críticas al kirchnerismo al indicar que "cuando fueron gobierno dedicaron gran parte de su esfuerzo a montar todo una estructura" porque "había toda una estrategia de usar a la Procuración como punta de lanza en defensa de los casos de corrupción y en el ataque a opositores".
"Eso en algún punto hoy sigue y en estos momentos, nosotros lo que vemos, es que claramente está promovido en donde un sector kirchnerista denuncia cualquier cosa", dijo el funcionario en diálogo con Radio Belgrano.
Garavano aclaró que su denuncia contra Gils Carbó "está asociada a que existen procesos judiciales en los que se está investigando" el uso de la Procuraduría para evitar el avance de las causas sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a ex funcionarios del kirchnerismo.
"Tiene varias denuncias de juicios políticos, aparte de las que están en trámite en los Tribunales, creemos que ahora es el Congreso el que tiene que evaluar todos los pedidos que ya están formulados", acotó.
El ministro de Justicia se ha manifestado ya varias veces a favor de un Juicio Político a Gils Carbó y recientemente aseguró que "no debiera seguir siendo procuradora general".
"La remoción es un tema que está en la comisión de Juicio Político del Congreso, que tendrá que evaluarlo", señaló en su momento.
El gobierno ya había intentado forzar la salida de Gils Carbó cuando presentó un proyecto de reforma a la Ley del Ministerio Público, pero tras los cuestionamientos de Elisa Carrió el oficialismo debió dar marcha atrás.
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