La decisión de la Casa Rosada de postergar el ingreso de Avianca al mercado de las low cost hasta tanto se adecúe a los criterios del nuevo decreto sobre conflictos de intereses de la empresas cayó como una bomba en la aerolínea de bandera colombiana, que analiza por estas horas dejar el país e iniciar un demanda contra el Gobierno.
Según pudo saber Infobae, abogados de Avianca están evaluando presentar una medida cautelar luego de lo anunciado este lunes por la tarde por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. En la rueda de prensa, los funcionarios hicieron saber que la palabra final sobre el asunto la tendrá la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso. Todo esto, pese a que anteriormente desde el Gobierno habían dicho públicamente que no existía un conflicto para que Avianca comenzara a operar.
"En el caso de Avianca, se va a crear un mecanismo para generar una institucionalidad superior a la existente en materia de potenciales conflictos de intereses", explicó Peña. Y dijo que tendrá vigencia "para lo que pueden ser situaciones de juicios como para aquellas cosas que pueden ser contrataciones, concesiones o marco regulatorio".
El disgusto fue mayor puertas adentro de la empresa aérea ya que se enteraron de la novedad por un llamado teléfonico que se produjo apenas minutos antes del anuncio de Peña y Dietrich. Incluso algunos directivos de Avianca participaron de un acto anterior, encabezado por Macri, en el que el jefe de Estado presentó el plan aerocomercial de las low cost, aunque sin mencionar la novedad que luego informarían los otros funcionarios.
Actualmente, Avianca emplea a 70 personas en la Argentina, aunque con el plan establecido en el marco de las 16 rutas aéreas que había solicitado, tenía pensado ampliar el número a 700 puestos directos.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de la Junta Asesora de Transporte Aéreo, les había dado curso favorable. Todas operarían desde Buenos Aires y llegarían a ciudades como Santa Fe, Rosario, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concordia, Sunchales, entre otras.
El caso en la Justicia
El pasado 1 de marzo, poco antes del discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa, el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al Presidente y a su padre Franco por la posible comisión de los delitos de "asociación ilícita" y "negociaciones incompatibles" en el otorgamiento de rutas aéreas a Avianca.
Di Lello decidió investigar al mandatario por posibles irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.
Además del jefe de Estado fueron imputados el titular del grupo SIDECO, Franco Macri; su par del grupo de empresas que conforma la línea aérea Avianca, Germán Efromovich; el CEO de Avian Líneas Aéreas, Carlos Benjamín Colunga López; y el de Unidos Air, Diego Martín Colunga López.
También fueron incluidos por Di Lello el ministro Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el director general de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas; el director de la ANAC, Juan Pedro Irigoin; y el director nacional de Transporte Aéreo de ese organismo, Hernán Gómez.
En el expediente, el fiscal señaló que podrían haber cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino, puntualmente en el otorgamiento de rutas a Avianca.
La firma quedó en el centro de la polémica porque en 2016 adquirió Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.
De esta manera, Di Lello retomó la denuncia que habían presentado los diputados nacionales del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.
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