El presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue imputado hoy penalmente para ser investigado por el acuerdo que su gobierno firmó con la empresa Correo Argentino, de la familia Macri, por la deuda de la compañía y que fue objetado por una fiscal por abusivo.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, y le pidió al juez Lijo las primeras medidas de prueba para iniciar la investigación.
Zoni consideró que se está ante un caso "en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado".
El fiscal impulsó las denuncias que presentaron los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y el abogado Daniel Igolnikov. Hay otras tres denuncias por el acuerdo entre el Gobierno y el Correo que hicieron diputados del Frente para la Victoria, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y otro abogado. Esas causas están radicadas en otros juzgados y se espera que todas queden concentradas a cargo de Lijo y del fiscal Zoni.
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Las denuncias se basan en los dictámenes de la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que objetó el acuerdo entre el Gobierno y el Correo porque implica una quita del 98,2 por ciento de la deuda y se paga en 15 cuotas anuales con un interés del 7 por ciento que terminan de abonarse en 2033. El acuerdo fue firmado por la cartera de Aguad.
Los denunciantes sostuvieron que el acuerdo beneficia al propio Macri porque el Correo Argentino es de su familia y las acciones corresponden a dos hermanos y a tres de sus hijos, a quienes les derivó sus acciones en 2009.
Zoni basó la apertura de la causa en los dictámenes que presentó la fiscal Boquín en la causa comercial: "La nombrada resulta ser una representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación en dichos actuados, por lo tanto ha tenido la posibilidad de tener conocimiento directo de las distintas aristas de los sucesos denunciados".
"Corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio", agregó el fiscal.
En la causa también se investigará el rol del abogado Mocoroa. La fiscal Boquín sostuvo que tuvo una actuación irregular porque firmó un acuerdo cuando no tenía un nombramiento formal para hacerlo.
"Sumado a ello, resulta pertinente destacar que dicho funcionario –Dr. Mocoroa– desarrolló sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario –de forma directa o indirecta – de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél", dijo el fiscal.
La penal no será la única investigación. También hará la suya el Gobierno porque el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, ordenó ayer una auditoría sobre todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que actuaron desde 2001 hasta hoy en el juicio contra el Correo Argentino.
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