
Patricia Bullrich reafirmó la postura del Gobierno con respecto a endurecer los controles migratorios como medida de seguridad y para hacerlo criticó con dureza al cónsul de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, quien había apuntado contra la ministra de Seguridad por vincular a los extranjeros de Paraguay, Perú y Bolivia con el narcotráfico y la delincuencia.
"Que respete las decisiones del Estado, si tiene alguna queja que se dirija por las vías que se tiene que dirigir y no por los medios de comunicación porque va a ser un decreto firmado por el Presidente y todos los ministros de la República Argentina", expresó Bullrich en diálogo con radio La Red.
Y sentenció: "Como cónsul no puede ser un comentarista sino que tiene que manejarse por las vías que su país le indique y no hablando con los medios como si fuese una persona que no tiene ninguna relación con su propio estado. Eso no es serio".
Tapia Sainz había dicho que en su administración estaban "indignados" con las apreciaciones de Bullrich y recordó: "No es la primera vez, altas autoridades del Estado argentino están hablando con una ligereza que nos alarma".
Sobre este tema, el Gobierno oficializó hoy la creación de la Comisión Nacional de Fronteras, que estará integrada por funcionarios de varios ministerios y de las distintas fuerzas de seguridad nacional y tendrá como objetivo establecer un mayor control en los pasos fronterizos. También elevó la categoría de Centros Fronterizos a varios de los principales pasos internacionales del país.

Asimismo, ayer Rogelio Frigerio, ministro del Interior, anunció el nuevo sistema de seguridad para el ingreso a los aeropuertos de todo el país, que obligará a las compañías aéreas y empresas de cruceros a proveer el listado de viajeros a bordo una vez que el vuelo o barco deje el aeropuerto o puerto de origen.
Así, la Dirección Nacional de Migraciones (DNA) y las fuerzas de seguridad contarán con la nómina provisoria de viajeros unos 75 minutos antes de su partida, para su cotejo con el sistema de Interpol I-24/7, algo que en la actualidad se hacía en el momento en el que los viajeros llegaban al mostrador de Migraciones en los aeropuertos.
La propia Bullrich había sido quien detalló los tres ejes de la iniciativa para endurecer los controles: "Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida (en un plazo de tres meses); y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia".
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